El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, apeló la decisión judicial que lo mantiene vinculado al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado en el marco del caso Antalsis.

La defensa del exgobernador regional de Junín busca revocar la medida y excluirlo de cualquier responsabilidad económica relacionada con la investigación por presunta colusión agravada.

La resolución cuestionada fue emitida el 10 de abril por el juez Leodan Cristóbal Ayala, quien archivó la acusación por colusión agravada luego de que el Ministerio Público solicitara el sobreseimiento por falta de pruebas. No obstante, el magistrado dispuso que Cerrón continúe ligado al proceso para responder por los posibles daños y perjuicios ocasionados al Estado.

El recurso de apelación fue admitido a trámite el pasado 20 de mayo y remitido a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Esta instancia deberá convocar a una audiencia para evaluar los argumentos de las partes y emitir una decisión sobre la continuidad o no de la reparación civil.

La defensa sostiene que existe una contradicción en la resolución judicial, al considerar que no corresponde mantener una obligación económica derivada de un delito cuya imputación penal fue archivada. Además, argumenta que no se ha acreditado un daño material o moral atribuible directamente a su patrocinado.

Pese al archivamiento de la acusación por colusión agravada, Cerrón continúa siendo investigado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir agravada y cohecho pasivo propio dentro del mismo caso. Asimismo, permanece prófugo de la justicia desde octubre de 2023 y tiene vigente una orden de prisión preventiva por otra investigación relacionada con presunto financiamiento ilegal de campañas.

Según la tesis fiscal, Cerrón habría integrado una presunta organización criminal vinculada a Martín Belaúnde Lossio que habría generado un perjuicio superior a los 26 millones de soles al Estado durante su gestión en el Gobierno Regional de Junín.

Las investigaciones se centran en presuntas irregularidades en las obras de los puentes Comuneros y Eternidad, ejecutadas mediante contratos que habrían permitido favorecer de manera ilícita a la empresa Antalsis.

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