El Tercer Despacho de la 1ra Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos dispuso iniciar diligencias preliminares contra los que resulten responsables en el caso ‘Los Dinámicos del centro’, que involucraría a dirigentes del partido Perú Libre, que lidera Vladimir Cerrón.
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Las diligencias fiscales se inician ante indicios de la comisión de ilícitos penales vinculados con supuestos aportes de origen ilegal a campañas políticas, de parte de una presunta organización criminal que estaría integrada por funcionarios y exfuncionarios regionales de Junín.
La investigación será por el presunto delito de lavado de activos, vinculado al Gobierno Regional de Junín, luego de que el diario El Comercio informara que las escuchas telefónicas legales permitieran descubrir la organización criminal “Los Dinámicos del centro”.
Dicho grupo estaría conformada por funcionarios del Gobierno Regional de Junín y dirigentes del partido Perú Libre, quienes a su vez son cercanos a Cerrón. En estas escuchas, se reveló que se dedicaban a cobrar cupos a cambio de puestos de trabajo, favores y expedición de licencias de conducir a terceros.
Asimismo, según la fiscalía, los dirigentes y funcionarios de la región Junín coordinaban entre noviembre del 2020 y enero del 2021 el apoyo para la campaña de Perú Libre en las Elecciones Generales de este año.
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Entre los implicados en “Los dinámicos del Centro” se señala a Fernando Orihuela, Guillermo Munguía, Eduardo Reyes, Waldys Vilcapoma, Arturo Cárdenas, Eduardo Bendezú, entre otros. No obstante, esta nueva investigación es “contra quienes resulten responsables”.
El representante del Ministerio Público ha ordenado una serie de 40 diligencias, entre ellas requerimientos a la Sunarp sobre las propiedades a nombre de los implicados en “Los dinámicos del Centro”, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Del mismo modo, se cursaron pedidos a la fiscal Bonnie Bautista, quien está a cargo de esta investigación por presunta corrupción en el Gobierno Regional de Junín. El plazo de la investigación tendrá un plazo de 8 meses.
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Las diligencias se inician ante indicios de ilícitos penales vinculados con supuestos aportes de origen ilegal a campañas políticas.