Al menos 15 congresistas tienen procesos penales abiertos. Lo increíble es que pese a ello, aún forman parte de comisiones investigadoras al interior del Legislativo pese a que están impedidos de hacerlo, según el reglamento parlamentario.

Correo tuvo acceso a esa información del Sistema Integrado Judicial que fue entregada por la Mesa Directiva a distintas tiendas políticas. El propósito era que las agrupaciones tomen conocimiento de los datos a fin de que separen las comisiones a quienes tienen procesos.

En el conteo, se expira que Waldemar Cerrón (Perú Libre) es el legislador que cuenta con más casos abiertos: En total tiene 10, todos por lavado de activos.

Este diario intentó comunicarse con el congresista, pero no tuvo éxito. Le dejamos varios mensajes.

SUBCOMISIÓN

Lo curioso es que Cerrón es vicepresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que evalúa el caso que enfrenta Pedro Castillo por traición a la patria y el de Dina Boluarte por sus gestiones para el Club Departamental Apurímac pese a ser ministra de Estado.

Debajo de Cerrón está su colega Darwin Espinoza y Jorge Flores de Acción Popular. Ambos tienen 7 procesos abiertos y fueron duramente críticos por formar parte de la SAC. No obstante, en ese listado entregado a las bancadas no se consignó a Ilich López, otro legislador sindicado por ser parte de los denominados “Niños”.

Sobre estos últimos tres “Niños”, la Comisión Permanente sesionará mañana para oficializar sus salidas de la SAC.

Oscar Zea, otro miembro de la SAC que tiene tres procesos abiertos, aún permanece en ese grupo clave.

Le consultamos si se mantendría en la comisión y nos dijo que sí, porque según el legislador, todo es falso: “No tengo nada de nada”.

Rosío Torres, otra legisladora de la misma agrupación, cuenta con un proceso.

Asimismo, Norma Yarrow, de Avanza País, tiene dos casos pendientes por delitos contra la administración pública.

En la lista también aparece Héctor Valer (Perú Bicentenario). Él forma parte de la Comisión de Defensa, que adquirió facultades para investigar el uso de aeronaves del Estado que hizo la familia presidencial. Se le imputan delitos contra la ecología.

Por su parte, Eduardo Salhuana, de APP, tiene al menos tres procesos abiertos, entre ellos, por delitos contra la administración pública.

Sobre Lucinda Vásquez, del Bloque Magisterial, pesan dos procesos, según el Sistema Integrado Judicial, también por delitos contra la administración pública. Ella integra la Comisión de Fiscalización.

Enrique Wong (Podemos) enfrenta dos casos por delito contra la vida el cuerpo y la salud y Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) tiene un proceso en trámite por el delito de violación a la libertad personal. Todos están en calidad de imputados.