Walter Gutiérrez: "El Congreso no tiene que seguir al pie lo del Ejecutivo"

Walter Gutiérrez Camacho, defensor del Pueblo y presidente de la comisión que tendrá como objetivo elegir a los integrantes de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ), no coincide con el proyecto enviado al Congreso por el Ejecutivo que tiene como intención declarar en emergencia al Ministerio Público (MP).

En diálogo con Correo, explicó que la iniciativa del Gobierno debe ser perfeccionada, porque no sigue la ruta de la Constitución y no toma en cuenta que el MP es un órgano autónomo.

Por ello, la Defensoría propone modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía a fin de otorgar atribuciones y competencias a los fiscales supremos para poder “eventualmente” suspender al que en ese momento sea fiscal de la Nación.

¿Por qué dice que la Ley del MP está desfasada? 

No cabe duda de que el Ministerio Público atraviesa una de sus más duras crisis, y una de las razones es que la ley orgánica que regula al MP es del año 1981. Es decir, es una norma que antecede a la Constitución del 93.

¿Cómo afecta a la institución?

El MP es concebido como una especie de institución jerárquica y su normativa no previó en ningún momento salidas a situaciones de crisis como la que estamos viviendo.

¿Qué propone la Defensoría?

Que el Congreso, en el más breve plazo, modifique la Ley Orgánica del MP para hacer frente a la crisis.

¿De qué manera? 

Generándole atribuciones y competencias a la Junta de Fiscales Supremos para que pueda eventualmente suspender al que eventualmente sea en ese momento el fiscal de la Nación.

¿Solo una suspensión? 

Sí, y no sacarlo. Esa no es competencia de la Junta, sino de lo que antes era el Consejo Nacional de la Magistratura. Como no existe, lo que se puede hacer es que la Junta lo suspenda si comete determinadas inconductas o irregularidades.

¿Qué más sugiere en su propuesta? 

También planteamos que esa Junta sea ampliada, que no solo sean los cinco miembros, sino que se incorporen los fiscales supremos adjuntos que cumplan determinados requisitos, de manera que sea una institución más plural y menos vertical.

¿Qué sucedería si se aprueba esta norma?

De aprobarse en 10 días, ellos (la Junta de Fiscales) podrían suspender al señor Pedro Chávarry.

¿Y la propuesta para declarar en emergencia al MP? 

La iniciativa enviada por el Ejecutivo es legítima, por lo que está pasando en el Ministerio Público, pero es una iniciativa que hay que perfeccionarla.

¿Por qué? 

Porque no toma en cuenta que el MP es un órgano constitucionalmente autónomo. Su autonomía ha sido declarada por el Tribunal Constitucional (TC) como una garantía institucional.

¿Qué quiere decir? 

Que ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden arbitrariamente echar mano de su organización o funcionamiento.

¿Entonces cuál sería la salida? 

Por lo menos, lo que nosotros vemos sería modificar la Ley Orgánica del MP. La iniciativa del Ejecutivo hay que mejorarla. No se puede declarar en emergencia ni por el Congreso, ni por el Ejecutivo al MP, porque eso contravendría lo que ha dicho el TC y lo que dice la Constitución.

¿Entonces la propuesta del Ejecutivo es inconstitucional? 

Es una ley que no se apega a la ruta constitucional. No creemos que el Ejecutivo tenga la intención de violar la Constitución. No creo que haya lo que se pueda llamar el dolo constitucional; no creo. Compartimos la preocupación del Ejecutivo, pero no la vía que está planteando.

¿Entonces la propuesta debe mejorarse?

Sí, es importante que la propuesta se reconduzca por la vía constitucional. El Congreso no tiene que seguir al pie lo planteado por el Ejecutivo. Dentro de sus competencias, ellos pueden plantar una propuesta.

¿La Comisión de Constitución podría plantear la iniciativa?

Desde luego. Si consideran que la propuesta de la Defensoría es pertinente, claro que sí.

¿Dará a conocer su propuesta en su presentación de hoy en el Congreso? 

Voy a aprovechar para mencionar estos temas.

¿Esta solo sería una solución transitoria? 

Tenemos que solucionar en dos tiempos el problema. Primero, de forma inmediata, en 10 días se podría aprobar la medida planteada por nosotros, y ya en el mediano plazo, en 6 u 8 meses, cuando exista la JNJ que va a reemplazar al CNM, y cuando se elija a sus integrantes, será la Junta la que tendrá esas competencias.

¿Qué es lo primero que tendría que hacer la JNJ tras su conformación?

Lo que puede hacer es, si se da esa atribución, declarar en reorganización al MP y revisar todas las situaciones, irregularidades y problemas que existen en el MP.

¿Existen puntos ciegos en la Ley Orgánica de la JNJ que hayan detectado?

La mitad del trabajo está hecho. Pero lo central, que es determinar cuál es el modelo de justicia que nosotros queremos, no está. En el proyecto no se habla de la jurisprudencia vinculante, de los fallos vinculantes.

¿Qué más falta? 

El modelo de justicia, el perfil del juez y cómo se le controla. Eso no está en el proyecto del Ejecutivo.

¿La Ley Orgánica de la JNJ debe aprobarse rápido?

Tiene que pasar por comisiones, no tiene que demorar mucho. Puede hacerse dentro de los 30 días que ha planteado el Congreso, pero cumpliendo todas las etapas y tratando de recoger todas las experiencias ganadas con los años.

¿Es conveniente ampliar la declaratoria de emergencia del CNM como lo propuso el Contralor?

El doctor Nelson Shack, en un cronograma que hizo, ha demostrado que por lo menos se van a necesitar los 90 días que habla la ley, no 60, como propone la ley del Ejecutivo. Si queremos cumplir seriamente todo este trabajo, vamos a necesitar 90 días. Eso hace que por lo menos se amplíe por 30 días más.

¿El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, debe dar un paso al costado?

En lo que se refiere al cargo de fiscal de la Nación, claramente debe dar un paso al costado. Sin embargo, debo añadir que el comunicado que ha lanzado la Defensoría también se refiere a la conducta de los fiscales.

¿En qué sentido?

Los fiscales tienen derechos, pero también deberes. Uno de ellos es que no pueden estar hablando de los casos que están llevando a todos los medios. La libertad de expresión que tienen está regulada, porque si dan declaraciones de los casos que están llevando, eso afecta la objetividad y eventualmente el debido proceso de los investigados. Hay que tener mucho cuidado con la propia conducta de los magistrados.