El magistrado Carlos Ernesto Giusti Acuña, el único civil que falleció durante el rescate de los rehenes del MRTA el 22 de abril de 1997, fue declarado “Mártir Civil y Héroe de la Democracia y de la Justicia” mediante Ley 26779 del 26 de julio de 2011.

La distinción, que lleva las firmas del expresidente Alan García y de los exministros Rosario Fernández (Justicia) e Ismael Benavides (MEF), autorizaba al Ejecutivo a otorgar una compensación extraordinaria a sus deudos por el equivalente a 30 mil dólares.

Sin embargo, resulta significativo que a la fecha el gobierno de Ollanta Humala no haya cumplido con esta obligación legal.

Con quienes sí cumplió el Ministerio de Justicia de este régimen es con reconocerle indemnizaciones a diversos terroristas, las que van de 120 mil a 250 mil dólares en algunos casos.

Entre tanto, han transcurrido catorce años y la familia del vocal supremo, pese a haber entablado diversos reclamos judiciales, aún no ha recibido la compensación que le prometieron diversas administraciones.

Su esposa, Luisa Pareja, falleció el año pasado sin tener los beneficios ofrecidos por el Estado. Le sobreviven su anciana madre, Georgina, y tres hijos. Cuando Giusti fue abatido por el MRTA tenía 53 años. Damián Retamozo - dretamozo@epensa.com.pe // Foto: archivo EPENSA