- PJ continuará evaluando el 4 de noviembre pedido de Yenifer Paredes para variar su domicilio de Lima a Chota
- Yenifer Paredes: PJ evaluará el 30 de octubre el pedido de cambiar su domicilio de Lima a Chota
El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Raúl Justiniano, declaró infundado el pedido de variación de domicilio que presentó la defensa legal de Yenifer Paredes, cuñada del exmandatario Pedro Castillo, quien está siendo investigada por el delito de organización criminal en el caso Anguía.
Cabe señalar que la representación técnica de Paredes afirmó que debido a razones laborales, requerían variar el domicilio de la investigada del distrito de Chorrillos, en Lima, a un inmueble en el distrito de Chota, en Cajamarca.
Además, se conoció que presentó un contrato de arrendamiento de habitación y uno de trabajo para poder sustentar dicho pedido.
Yenifer Paredes aseguró que, por temas de salud, no puede continuar hospedándose en la casa de sus familiares en Chorrillos y pidió que no se le restrinja el derecho al trabajo.
En la audiencia para revisar este pedido, presentado el último 30 de octubre, el Ministerio Público expresó su oposición, pues consideran que carece de sustento fáctico y podría incrementarse el riesgo de obstaculización de la investigación.
Como se recuerda, Yenifer Paredes cumplió prisión preventiva en agosto de 2022, esta decisión fue revocada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que dispuso la comparecencia con restricciones.
Investigación en curso
El caso ‘Anguía’ forma parte de una investigación más amplia que involucra a la esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes, y a varios miembros de su entorno familiar. Según la Fiscalía Especializada contra la Corrupción en el Poder (Eficcop),
Yenifer Paredes, junto con sus hermanos David y Walter, el exalcalde de Anguía, José Medina, y otros, estarían involucrados en una presunta organización criminal dedicada a manipular licitaciones públicas en varias regiones del país.
El objetivo de esta red habría sido favorecer a empresas fachada en proyectos de construcción y saneamiento financiados por el Ministerio de Vivienda, con adjudicaciones que superan los requisitos legales, otorgando millonarios contratos de manera irregular.
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