El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundado el pedido de impedimento de salida del país para Yesenia Ponce hecha por el Ministerio Público. La fiscalía hizo el requerimiento como parte de la investigación que se le sigue a la integrante del Congreso disuelto por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y falsificación de documentos.

El juez Manuel Chuyo Zavaleta declaró fundado el impedimento de salida del país contra la ex congresista Yessenia Ponce por espacio de nueve meses a pedido de la fiscalía anticorrupción que la acusa de presentar información falsa en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), respecto a sus estudios secundarios.

Asimismo, la fiscalía durante la audiencia solicitó al juez de Investigación Preparatoria que se levante el secreto bancario y de las comunicaciones de la ex legisladora, así como, del ex director de la institución educativa que emitió los certificados secundarios de Ponce en los que consignó que sí estudió.

La Fiscalía acusó a Ponce de cometer los delitos de cohecho activo genérico y contra la fe pública al consignar que terminó sus estudios (4to. y 5to de secundaria) en los años 1995 y 1996. Según la tesis fiscal, la ex parlamentaria habría pagado S/. 10 mil al ex director de uno de las instituciones educativas para que se le emita la certificación respectiva.

En una audiencia que duró cerca a dos horas, la fiscalía argumentó que existen fundados elementos de convicción para que se le impusiera la medida limitativa contra la ex parlamentaria. Presentó como prueba, la declaración de Oscar Ulloa Sigueñas un funcionario a cargo de la oficina de actas y certificados educativos, el testigo refirió al MP que no firmó ni validó ningún acta correspondiente a los estudios de Ponce.

Durante su labor como congresista, Yesenia Ponce fue suspendida del Parlamento por 120 días tras un informe de la Comisión de Ética que determinó que consignó información falsa en su hoja de vida.

La integrante del Congreso disuelto fue cuestionada por presuntamente haber pagado S/10 mil al ex director de un colegio para que respalde su versión y emita certificados de estudios secundarios falsos. También habría presentado un un registro de compañeros de clase “fantasmas”.

Por este caso la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria aprobó levantarle el fuero en junio de este año, pero finalmente la medida no fue debatida en el pleno del Congreso.