Esta fotografía corresponde  a la comunidad de Canchacancha, en el distrito ayacuchano de Chuschi. Especialistas de educación visitan a 30 niños de esta localidad en la que hablan quechua chanca. Como aquí no  llega la radio, son promotores educativos los que les llevan las sesiones de Aprendo en Casa. Los pequeños aparecen con su cuadernos y usando mascarillas (Foto: Moisés Humberto Alfaro Gómez)
Esta fotografía corresponde a la comunidad de Canchacancha, en el distrito ayacuchano de Chuschi. Especialistas de educación visitan a 30 niños de esta localidad en la que hablan quechua chanca. Como aquí no llega la radio, son promotores educativos los que les llevan las sesiones de Aprendo en Casa. Los pequeños aparecen con su cuadernos y usando mascarillas (Foto: Moisés Humberto Alfaro Gómez)

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, desde el Pleno Congreso, se refirió al tema educativo durante su exposición de la política implementada por el Gobierno respecto al desarrollo social y bienestar de la población. Allí reconoció que se optimizaron los mecanismos adecuados para velar por la integridad de los estudiantes.

En su exposición comentó que fue una medida positiva emitir la Ley N° 29988, gracias a la cual se separaba definitiva o preventivamente a los profesores y servidores administrativos sentenciados por terrorismo, apología del terrorismo o violación de la libertad sexual.

“Comprobamos que existían problemas de aplicación práctica que privaban a dicha ley de la eficacia esperada, y es que solo se sancionaba un tipo específico de delito, dejando de sancionar a las diversas tipologías que engloba un ilícito”, sostuvo ante la representación nacional.

Por ello, sostuvo que, mediante el Decreto de Urgencia N° 019-2019, se consolidó el marco que castigaba a las personas que cometían actos que antes quedaban impune y que con esto se amplió el catálogo de delitos merecedores de la separación del profesor o servidor administrativo, incluyendo ilícitos tales como pornografía infantil, proposiciones a niños con fines sexuales por medios tecnológicos, trata de personas, etc. “Este es un instrumento normativo que nos permite proteger de manera más efectiva a nuestros niños y adolescentes”, agregó.

En otro momento, también puso énfasis en el acceso de los jóvenes a una educación de calidad de quienes estudiaban en universidades cuya licencia institucional le fue denegada por la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu).

En ese sentido, recordó la presentación del Decreto de Urgencia N° 042-2019, que garantizaba la continuidad de los estudios universitarios de los alumnos de instituciones no licenciadas. “A fin de que tengan la oportunidad de ingresar a universidades públicas debidamente licenciadas, estas recibirán financiamiento del Ministerio de Educación y así, podrán realizar concursos de admisión o apertura de cupos de traslados externos”, expresó.

Otra medida adicional a esto, según Zeballos, fue la creación de la “Beca Traslado”, que permitía a los universitarios perjudicados por la no licenciatura de su universidades a que sigan sus estudios en una universidad o instituto licenciado, siempre que tengan alto rendimiento académico y estén en

Situación de pobreza

“El Gobierno Nacional ha legislado aspectos en los que se requería tomar medidas urgentes con el fin de proteger al alumnado frente a docentes y servidores administrativos sancionados por delitos graves, proteger y generar alternativas a los jóvenes que se encuentran en la posibilidad de ver truncada su carrera universitaria por razones ajenas a ellos, y debido a una informalidad que durante años los estafó con colegios que nunca debieron tener esa denominación”, finalizó.