Titular del Poder Judicial y juez Richard Concepción Carhuancho enfrentados

Nuevo estatuto de Sala Penal Nacional deja al margen a magistrado que ordenó prisión preventiva para Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Nadine Heredia

29 de Diciembre del 2017 - 08:27 » Textos: Gabriel Mazzei » Fotos: Correo

Pugnas. La Sala Penal Nacional y el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios -órganos jurisdiccionales del Poder Judicial- se encuentran enfrascados en una disputa de competencias para investigar algunos de los procesos vinculados al caso “Lava Jato”, lo que podría afectar, a la larga, la lucha anticorrupción.

El punto de desencuentro fue la creación del estatuto de la Sala Penal Nacional -al que pertenece Richard Concepción Carhuancho- que definió sus atribuciones. Ahora se encargará de los casos de terrorismo, violación de derechos humanos, asesinatos, agresiones a periodistas y crimen organizado. Así, exceptúa los delitos vinculados a la administración pública.

De esta forma, las investigaciones relacionadas a las constructoras brasileñas como Odebrecht, OAS y Camargo y Correa, entre otras, pasarán obligatoriamente al Sistema Nacional Anticorrupción, encabezada por la jueza superior Susana Castañeda Otsu.

Ayer, el juez Richard Concepción Carhuancho decidió no acatar el Estatuto de la Sala Penal Nacional.

En audiencia pública realizada en la SPN, el magistrado tomó esta decisión, tras rechazar un recurso de la defensa del exministro Aurelio Pastor para que se inhiba de la investigación por el delito de lavado de activos, en razón a la creación de dicho estatuto, creado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante resolución administrativa, el máximo órgano de este poder del Estado.

LAS RAZONES

Concepción Carhuancho explicó que los casos vinculados a Odebrecht han sido vistos por la Sala Penal desde antes de la creación del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que entró en vigencia el 31 de marzo pasado.

En ese sentido, dijo que el traslado de expedientes vinculados a “Lava Jato” a dicho sistema podría afectar la celeridad de los casos.

De esta manera, el magistrado declaró infundado el pedido del abogado César Nakazaki, defensa de Pastor, quien es investigado junto al expresidente Alan García por formar parte de una red criminal dedicada al lavado de activos.

No obstante, Nakazaki impugnó lo resuelto por el juez y será una sala de apelaciones la que decidirá el futuro de este caso.

Ayer, en una entrevista con el diario El Comercio, Concepción señaló que la resolución administrativa “es para mí una pérdida de confianza y para todos los magistrados de la Sala Penal Nacional. Pero además veo un trato discriminatorio”.

REGLAMENTO

La resolución administrativa 325-2017-CE-PJ coloca a la Sala Penal Nacional con rango de competencia de Corte Superior de Justicia, con jueces que serán nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura próximamente.

Es decir, los jueces, que conforman la SPN, como Concepción Carhuancho -quien dictó prisión preventiva a los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala- deberán dejar su plazas y retornar a su lugar de origen en caso no quieran postular al CNM para ser nombrados en dicha jurisdicción.

Cabe recordar que este problema de competencias no es de ahora: en abril pasado, la Primera Sala de Apelaciones Nacional decidió quedarse con la investigación contra el expresidente Alejandro Toledo por presuntamente recibir coimas de Odebrecht, pese a que ya existía el nuevo sistema anticorrupción.

Desde esa fecha se generaron ciertos recelos entre ambos sistemas.

En la actualidad, este sistema, cuya coordinadora es la jueza anticorrupción Susana Castañeda Otsu, ve casos no tan sonados vinculados a las empresas brasileñas como el del exgobernador de Cusco, Jorge Acurio Tito, o el del expresidente regional, César Álvarez.

ACLARACIÓN

Tras esta decisión, el Poder Judicial envió una nota de prensa señalando que los jueces de la Sala Penal Nacional no se moverán de su cargo de inmediato y que el estatuto fue elaborado por la Comisión Especial de Presidentes de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia y un miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, designada el último 26 de abril.

Esta comisión fue presidida por el juez supremo César San Martín Castro, e integrada por Josué Pariona Pastrana y César Hinostroza Pariachi, además del consejero Augusto Ruiz Díaz Farfán, quienes cumplieron dicho mandato el 31 de agosto pasado.

MOLESTIA

Más tarde, en conferencia de prensa, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, descartó que haya un móvil político con la decisión de crear el Estatuto de la Sala Penal, ni menos con el indulto humanitario concedido por el jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczyznki, al exmandatario Alberto Fujimori.

Y es que a la Sala Penal Nacional han llegado solicitudes vinculadas a investigaciones contra la hija del expresidenteKeiko Fujimori, como el allanamiento a los locales de Fuerza Popular, medida que fue aceptada justamente por el juez Richard Concepción Carhuancho.

“Todos los casos de corrupción, y conforme al decreto legislativo 1307, deberían pasar al Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios; lamentablemente, en un acto de abierta rebeldía, algunos jueces de la Sala Penal Nacional desacataron esa disposición administrativa y dijeron que ellos eran dueños del caso Odebrecht y que lo iban a llevar hasta el final”.

Añadió que los jueces de la SPN no tiene ningún caso en particular, ya que aún no hay ninguna investigación sobre “Lava Jato” en juicio oral.

“¿De qué casos se le está apartando (a Richard Concepción Carhuancho) si no es propietario de ninguno? El solo interviene cuando hay pedido de la Fiscalía. Los jueces van a tener el caso cuando haya acusación y haya juicio oral. Esa etapa está muy lejana todavía”, refirió.

Rodríguez Tineo rechazó, además, que el Poder Judicial haya disuelto la Sala Penal Nacional, les haya quitado causas judiciales como el caso Odebrecht, o “retirado la confianza” a los jueces del referido órgano jurisdiccional.

“Por el contrario, estamos dándole mayor legitimidad y formalidad otorgando a esta Sala el nivel de Corte Superior de Justicia”, expresó.

En otro momento precisó que los jueces que forman parte de la Sala Penal Nacional fueron incorporados a sus actuales funciones “por invitación” del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en anteriores gestiones.

En tal sentido, señaló que muchos de ellos son titulares en sus plazas de origen, pero no en la Sala Penal Nacional, por lo que los invitó a participar en un eventual concurso público para ocupar cargos de acuerdo con los alcances de la ley establecidos por los estatutos.