Acusados de coludirse con Odebrecht son recluidos en penal Ancón I

Juez Richard Concepción ordenó que cuatro empresarios, socios de firma brasileña, sean encarcelados por 18 meses de manera preventiva. Un quinto involucrado purgará arresto domiciliario debido a su estado de salud

05 de Diciembre del 2017 - 07:30 » Textos: Janet Leiva D. » Fotos: PJ-César Grados / Video: TV Perú - BDP

Cuatro de la madrugada del lunes: probablemente la hora más difícil para los empresarios peruanos asociados con directivos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht para la Interoceánica.

Lima aún dormía cuando el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó la orden de prisión preventiva por 18 meses para José Alejandro Graña Miró Quesada (expresidente del directorio de Graña y Montero); Hernando Alejandro Graña Acuña (exdirector de Graña y Montero); Fernando Gonzalo Camet Piccone (presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A.); y José Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA).

El magistrado le otorgó comparecencia restringida a Gonzalo Ferraro Rey (ex presidente ejecutivo de Graña y Montero) debido a su estado de salud.

Deberá cumplir arresto domiciliario en el nosocomio donde permanecerá internado bajo vigilancia por dos efectivos policiales.

A las 4:45 de la tarde, los cuatro primeros mencionados fueron trasladados desde la Carceleta de Palacio de Justicia hacia en penal Ancón I.

Minutos antes del traslado, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) adelantó que los empresarios fueron clasificados en el régimen cerrado especial y dispuso su internamiento en dicho recinto penitenciario.

Ellos permanecieron por casi 13 horas en la Carceleta de Palacio de Justicia tras ponerse a disposición del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Concepción Carhuancho, durante la madrugada, luego de que éste emitiese su veredicto.

SIN MARROCAS

Al saber de la decisión del magistrado, algunos abogados de los investigados, al finalizar la audiencia en la Sala Penal Nacional, y tras apelar la prisión preventiva, solicitaron que sus representados no fueran expuestos con marrocas.

Inclusive adujeron que no era necesario ser enmarrocados porque para ello, los directivos de las constructoras nacionales ya estaban llegando a la sede judicial ubicada en la Av. Uruguay en el Centro de Lima para ponerse a derecho ante el Poder Judicial.

Pese a este pedido, los cuatro directivos de las asociadas a Odebrecht, desde el inicio de su traslado desde la sede de la Sala Penal Nacional hacia la Carceleta de Palacio de Justicia siempre estuvieron con las manos enmarrocadas. Así llegaron al penal Ancón I, aunque quisieron desviar las tomas fotográficas cubriéndose las manos con algunas prendas de vestir.

CARGOS

De acuerdo a lo esgrimido por la Fiscalía durante la audiencia, los investigados concertaron un presunto beneficio a favor de la constructora brasileña en la construcción de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, entre los años 2004 y 2005, en el que también participó el expresidente Alejandro Toledo para un pago de coimas por parte de Odebrecht. Se les acusa de la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión simple.

El juez de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho valoró cinco tópicos en relación a los cargos imputados por el fiscal anticorrupción, Hamilton Castro.

Estos tienen que ver con la apariencia del buen derecho respecto a cada uno de los imputados, la prognosis de la pena superior a los 4 años, el peligro procesal, la proporcionalidad de la medida y el plazo de prisión preventiva que se plantea.

En ese sentido, el magistrado indicó que existían fundados y graves elementos de convicción en contra de los cinco vinculados con los delitos que se les imputaba y dejó en claro que la fiscalía había ofrecido a su despacho diversos documentos, declaraciones, informe pericial, entre otros elementos.

El magistrado señaló que de acuerdo a la prognosis de la pena aplicable a los investigados, la pena sería superior a los cuatro años. A su juicio, existe el peligro procesal de los cinco empresarios investigados, puesto que tendrían facilidades para eludir la acción de la justicia debido a la magnitud del daño causado y a la vinculación de los imputados con la presunta organización criminal, como es el caso de la empresa Odebrecht.

La duración del plazo de 18 meses de prisión preventiva tomará la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral.

“Esto hasta que se defina la situación jurídica definitiva de los investigados. En cuanto a la etapa de investigación preparatoria debe tenerse en cuenta las diferentes diligencias programadas y ver dónde se tiene previsto solicitar el apoyo a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional”, indicó.

“Privarles de su libertad ambulatoria, tanto más si los hechos que se les imputa son de naturaleza grave. Se les imputa no haber participado en colusiones de poca escala; estamos hablando de dos tramos de la Carretera Interoceánica Sur, obras que son importantes y en las que se han negociado bastante cantidad de dinero”, señaló.

“Incluso -prosigue-, se habían acordado pago de comisiones ilícitas a cambio de que se les favorezca en la adjudicación de la buena pro, nada menos que al expresidente Alejandro Toledo Manrique, distorsionando el principio de transparencia a regir en los procesos de contratación pública en obras de gran envergadura y siendo personas conocedoras del ámbito de la construcción y teniendo mucho conocimiento en esta materia”, manifestó.

Explicó que mayores son las ventajas a la desventaja de privarles de su libertad ambulatoria, con lo cual procede aplicarle la prisión preventiva a los investigados”, dijo Concepción Carhuancho.

SIN PRESIONES

En entrevista con Canal N, el juez Richard Concepción Carhuancho, señaló que su decisión de aprobar los 18 meses de prisión preventiva contra los ex directivos de las empresas consorciadas de Odebrecht en el caso Interoceánica fue autónoma y que no actuó bajo ningún tipo de presión.

“Fue una audiencia larga, compleja (...) La duración fue en función a la participación de cada una de las partes y por el esfuerzo que tuve que hacer para estudiar el caso”, aseguró.

Concepción Carhuancho dijo que actuó de manera independiente y sin tener en cuenta las denuncias que actualmente están en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

ARBITRARIA

En horas de la tarde, la empresa constructora JJC Contratistas Generales S.A. emitió un comunicado de respaldo al gerente general corporativo Fernando Camet Piccone, calificando la prisión preventiva dictada en su contra de “arbitraria e ilegal”.

“La medida dictada contra el señor Camet resulta arbitraria e ilegal por no cumplir con los supuestos exigidos por la Ley”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la misiva resalta que Camet siempre demostró su voluntad de colaborar con la investigación y que no obstruyó la acción de la justicia.

Indicaron que pese a esta medida la empresa JJC Contratistas Generales continuará desarrollando su actividad empresarial y rechazó toda práctica indebida.

Imágenes