Odebrecht: Fiscalía incluye en investigación a empresas socias G&M, JJ Camet e ICCGSA (VIDEO)

MP profundiza pesquisa a representantes de Graña y Montero, J.J. Camet e ICCGSA tras corroborar declaraciones de Barata, respecto a que sabían sobre coimas

30 de Noviembre del 2017 - 07:00 » Textos: Juan Hidalgo / Damián Retamozo » Fotos: Difusión

Las socias de Odebrecht están bajo la lupa del Ministerio Público, esta vez de manera formal. El equipo especial de la Fiscalía a cargo del caso "Lava Jato" anunció la formalización de una investigación preparatoria a los representantes de tres empresas peruanas que se consorciaron con la mencionada constructora brasileña para la Interoceánica Sur.

Las compañías involucradas son Graña y Montero (G&M), J.J. Camet Contratistas Generales -fundada por Jorge Camet Dickman, exministro de Economía y Finanzas de Alberto Fujimori- e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA).

La ampliación de la pesquisa comprende específicamente a José Alejandro Graña Miró Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Alejandro Graña Acuña, a quienes se los investiga por los delitos de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.

“De acuerdo con los elementos de convicción actuados durante la corroboración reservada del proceso de colaboración eficaz de Jorge Henrique Simoes Barata (exrepresentante de Odebrecht en el perú), dichos empresarios (…) habrían defraudado al Estado al concertarse con el expresidente de la República Alejandro Toledo; de tal modo que resultaron beneficiadas con el otorgamiento de la buena pro”, reza un comunicado difundido la tarde de ayer por la Fiscalía.

DIÁLOGO DIRECTO

Como se recuerda, Jorge Barata declaró al Ministerio Público peruano que Graña y Montero, J.J. Camet e ICCGSA conocían de la coima que recibió Toledo por parte de Odebrecht (20 millones de dólares) a cambio de la concesión en los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.

La nota de prensa, incluso, enfatiza que Barata declaró haber dialogado sobre tales pagos ilegales con los miembros de los directorios de estas firmas peruanas.

Por su parte, el fiscal Hamilton Castro, quien lidera el equipo especial del caso “Lava Jato”, agregó que esta disposición fue remitida al Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y notificada a todas las partes, así como también a un juez de garantías.

CORROBORADO

En un video que el Ministerio Público difundió ayer en sus redes sociales, Castro añadió que la formalización de la investigación preliminar a los representantes de las mencionadas empresas peruanas es “consecuencia de un paciente trabajo de corroboración” de la manifestación de Barata.

Sobre el tema, el fiscal Javier López Romaní remarcó que la versión de los colaboradores eficaces -entre ellos Jorge Barata- no puede utilizarse de manera directa para abrir una investigación; pues el Código Procesal Penal establece que primero deben corroborarse.

“Las personas incluidas en esta disposición tenían conocimiento, aceptaron el acuerdo para la asignación irregular de la obra Interoceánica. Además, tuvieron competencia por el pago de las coimas, de las ventajas indebidas, recibidas por nuestro expresidente (Alejandro Toledo)”, añadió a su turno el fiscal Sergio Jiménez Niño.

En la misma línea, el fiscal Marcial Páucar sostuvo que se identificaron las operaciones con las que se lavó el dinero.

“A través de diligencias y, sobre todo, de un peritaje elaborado por peritos altamente calificados, se ha establecido que bajo un concepto denominado “riesgos adicionales” se habría tenido como propósito dar una apariencia de legitimidad a activos que ya tenían un vínculo, una fuente delictiva, que en este caso ha sido el delito de colusión”, concluyó Páucar.

Bajo dicho rótulo, las empresas peruanas -según la tesis de la Fiscalía- cedieron un mayor porcentaje de sus utilidades a la empresa Odebrecht, montos que se habrían utilizado para cubrir las coimas.

OFRECE APOYO

Por su parte, y mediante un comunicado, el Grupo Graña y Montero manifestó su total colaboración con la investigación anunciada por la Fiscalía.

“El Directorio de G&M manifiesta rotundamente que no protege ni protegerá a ninguna persona que haya estado involucrada en actos de corrupción. En ese sentido, la compañía está preparada para adoptar las acciones legales correspondientes contra cualquier persona, funcionario o exfuncionario, que con sus actos irregulares haya causado daño a la empresa”, se consigna en la nota de prensa.

Como en ocasiones anteriores, Graña y Montero reiteró que el “pago de sobornos a funcionarios o cualquier otra actividad ilícita” no forman parte de sus políticas y prácticas.

¿PRESIÓN?

La ampliación de la investigación a las socias de Odebrecht se anunció luego de que el congresista Daniel Salaverry (Fuerza Popular) y Yeni Vilcatoma (no agrupados) acusaran constitucionalmente al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por supuestas omisiones en las pesquisas que comprenden a la constructora brasileña.

Precisamente, al respecto, Salaverry sostuvo que el comunicado del Ministerio Público refuerza su posición respecto de que no se incluía a las empresas que se consorciaron con Odebrecht.

“Lamentablemente, han tenido que esperar que se le presente una denuncia constitucional al fiscal de la Nación para que recién empiecen a actuar; no solamente en este caso, respecto a Graña y Montero y otras empresas más, sino también en el caso de la señora Susana Villarán, a quien recién el 23 de noviembre le han aperturado investigación preliminar”, declaró.

Cuestionó que recién se incluya en las pesquisas a las mencionadas compañías peruanas, un año después de que Barata revelase que sabían del pago de coimas y -a decir del vocero fujimorista- las compartiesen también.

Salaverry agregó que la denuncia que él y Vilcatoma presentaron seguirá su curso, pues además ya se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.

“Nosotros queremos tener un Ministerio Público profesional, autónomo, independiente, sin ningún tipo de sesgo político y, tampoco, con intenciones de blindar o proteger a empresas corruptas o a políticos corruptos (…). También necesitamos respuesta por parte del Ministerio Público y este comunicado es sumamente tardío. No puede ser posible que después de un año recién se pongan las pilas y abran investigación contra estas empresas solamente después de que el fiscal de la Nación ha sido denunciados constitucionalmente. Eso está clarísimo”, exclamó.