Proyectos de pena de muerte y registro de agresores en camino

Los presenta Fuerza Popular. Pena capital está orientada a violación con consecuencia mortal para menores de 7 años. La otra propuesta busca una mejor atención para mujeres agredidas
Proyectos de pena de muerte y registro de agresores en camino

Proyectos de pena de muerte y registro de agresores en camino

04 de Noviembre del 2017 - 07:07 » Textos: Karina Valencia » Fotos: Difusión

La controversia en relación al endurecimiento de las penas para quienes comenten violación sexual contra mujeres y menores de edad sigue generando un complejo, pero necesario debate en el Palacio Legislativo.

El último jueves, Fuerza Popular presentó dos iniciativas legislativas que buscan la reducción de las denuncias en torno a este delito, mediante cambios en las sanciones que reciban los agresores, así como con la creación de un registro de condenados por todo tipo de violencia.

PENA DE MUERTE

La parlamentaria fujimorista Karla Schaefer presentó el proyecto de ley No. 2069/2017-CR, con el cual apunta a modificar el artículo 140 de la Constitución Política del Perú sobre la aplicación de la pena de muerte.

Schaefer sostiene que la aplicación de la pena capital debe aplicarse “por el delito de violación de la libertad sexual cometido contra menores de 7 años de edad seguido de muerte”.

Actualmente, esta medida solo se establece sobre quienes hayan cometido el delito de traición a la patria en caso de guerra y terrorismo.

Esto se debe a que en el año 1978, el Perú ratificó el Pacto de San José, un tratado internacional que impide a sus países miembros extender esta sanción para los delitos que no estuvieran contemplados en el territorio.

En el expediente suscrito por Schaefer, pendiente de ser enviado a una o más comisiones dictaminadoras y respaldado por otros 30 fujimoristas, se observa como antecedente el proyecto de ley No. 1173/2011 CR, de la excongresista Luisa María Cuculiza, presentado en abril del 2012 y que pasó la valla impuesta por la Comisión de Constitución.

En esta propuesta, se afirmaba que la pena de muerte era “extrema, pero necesaria” ante “la imposibilidad de corrección y readaptación” de los agresores sexuales y la desproporción entre la condición de la víctima y el victimario.

También se denominó el uso de este recurso como “un instrumento jurídico por el cual se defiende a la sociedad de una agresión intolerable”.

El Estado tiene que satisfacer la demanda social de aplicación de la pena de muerte por los daños irreparables que genera la perpetración de este delito en agravio de los niños”, destaca el documento al que accedió Correo.

¿BASES? 

Karla Schaefer sustenta su iniciativa legislativa al sostener que más de 23 mil casos de violencia familiar atendidos en el 2016 por el Ministerio de la Mujer corresponden a víctimas menores de edad. Eso, detalla, sin considerar “los casos que no son denunciados o descubiertos”, pero que terminan constituyendo “un subregistro preocupante” para la sociedad.

Asimismo, bosqueja un básico análisis del costo - beneficio de la implementación de la pena de muerte.

Para los niños y niñas hasta siete años de edad, la medida -afirma- permitirá que cuenten con una norma que sancione con el máximo rigor la violación a su integridad sexual, seguida de muerte; mientras que como consecuencia indirecta tendrá un “efecto disuasivo de la comisión del delito” y que los menores “sean formados en el valor del respeto a la vida y a la integridad sexual de las personas”.

De otro lado, señala que indirectamente dará lugar a que el Estado peruano “observe las normas del debido proceso y esté vigilante del respeto y protección de la vida de los niños en el país”. Esto, a su vez, señala, causará un efecto en la sociedad en general para que “viva en un ambierte de mayor seguridad ciudadana”.

REGISTRO PENDIENTE

La segunda iniciativa planteada por la agrupación de Keiko Fujimori es el proyecto de ley No. 2072/2017 - CR, que plantea la atención idónea de la mujer víctima de violencia y crea el registro público de condenados por delitos de violencia.

La propuesta, impulsada por Cecilia Chacón, Milagros Takayama, Rosa Bartra, Úrula Letona y otras siete parlamentarias, busca “asegurar la atención y protección” en las comisarías de las mujeres agredidas.

Estos establecimientos, detalla el proyecto, deberán disponer del personal femenino policial debidamente capacitado en este y otros temas relacionados.

De igual modo, el proyecto sugiere la creación de una base pública de las personas condenadas por delitos de violencia contra la mujer, donde se registren a quienes cumplan con sentencia firme por feminicidio, lesiones graves, reincidencia en el delito de lesiones leves y violación contra la libertad sexual.

La implementación y administración del registro, de carácter público y de acceso gratuito, estaría a cargo del Poder Judicial, el cual actualizaría y difundiría la información a los solicitantes en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

En esta base de datos, también se incluirían a los victimarios con sentencia firme que fueron condenados con anteriorida a la fecha de la entrada en vigencia de la norma ya convertida en ley, “siempre que no haya transcurrido cinco años del vencimiento de su pena”.

DEFICIENCIAS actuales

Dentro de las dificultades de la atención de los casos de feminicidio y tentativa, el proyecto recoge la existencia de la insuficiente capacitación del personal que brinda atención psicológica a las mujeres violentadas; carencias para la atención adecuada de los casos denunciados; restringida colaboración a la víctima; aislamiento geográfico y un inadecuado proceso de investigación del delito.

A ello se suman los registros ya existentes en torno a este tema que son de acceso restringido para el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), lo cual “impide afrontar de manera eficaz la violencia contra la mujer”.

Finalmente, se expone que de concretarse la creación de esta base de datos, “no se demandará mayor gasto presupuestal” al Poder Judicial.

“Los beneficios son inconmesurables por cuanto es un medio para alertar a la sociedad en su conjunto de los agresores de mujeres y prevenir la comisión de futuros delitos de violencia contra ellas”, acentúa el documento.

EN AGENDA

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Úrsula Letona, señaló que el proyecto sobre la pena de muerte a violadores de niños será discutido en el grupo que dirige después de la segunda semana de noviembre.

“Vamos a esperar porque esta semana es imposible-ya tenemos una agenda- luego se va a terminar el tema referido a la reforma en el Consejo Nacional de la Magistratura, que está en discusión”, explicó Letona a Correo.

En esa línea, confirmó que para la tercera semana de noviembre, Constitución debatirá la iniciativa de Scheafer.

“Yo estoy a favor de la aprobación de la pena de muerte pero en mi condición de titular de Constitución tengo que promover su discusión, pero no puedo comprometerme a aprobar la norma”, manifestó la fujimorista.

Letona también precisó que el citado proyecto de ley no solo será debatido en el grupo que preside, sino también en la Comisión de Justicia.

De aprobarse en ambos grupos legislativos, ya como dictamen, será discutido para su aprobación en el pleno del Congreso.