El retraso en el inicio de la construcción de la segunda pista es un motivo para que el concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez pida la ampliación del plazo de concesión, señaló a Correo Pedro Arizmendi, socio de EY en Servicios de transacciones y finanzas corporativas de Infraestructura.
Ese retraso, según explicó, es básicamente por la demora del Estado en entregar los terrenos saneados.
“Ellos (Lima Airport Partners, LAP) tienen la concesión por 30 años, que finaliza en el 2031. Habrá que tomar en cuenta que las obras que han querido realizar han estado paradas por mucho tiempo, con lo cual se pensaría que la concesión se ampliaría”, precisó.
PLAZO ADICIONAL. Consultado sobre cuántos años más debería ampliarse, refirió que la nueva ley contempla que las concesiones pueden ser renovadas por un máximo de 60 años; es decir, LAP podría estar otros 30 años más.
Explicó que la ampliación del plazo forma parte de las negociaciones que puedan darse entre las partes. “Puede ampliarse por 10 años más, 20 años más o periodos de 5 o 10 años, según como vaya evolucionando el flujo de pasajeros y tráfico”, agregó.
Señaló que el problema de la segunda pista tiene 10 años; es decir, LAP bien podría reclamar una ampliación de por lo menos 10 años más para compensar el periodo del cual no disfrutaría la segunda pista.
Arizmendi dijo que la construcción de la segunda pista ayudaría a duplicar el tráfico aéreo (número de vuelos), no necesariamente el número de pasajeros.
DECISIÓN POLÍTICA. Explicó que recientemente se incorporó un mayor espacio (unos 60 mil m2) para una nueva plataforma con el que se ampliará el área de estacionamiento de aviones, en cooperación con la FAP.
“Recién en julio, el Estado ha conseguido mejorar el saneamiento de gran parte del terreno. Hoy, casi el 60% está en fase de saneamiento, con lo cual se hará factible las obras que están paralizadas”, dijo, al tiempo de señalar que ello es consecuencia de la determinación política del actual gobierno.
Refirió que el saneamiento de los terrenos se demora porque el gran problema de expropiar es que no se tiene la certeza de quién es el dueño de una u otra propiedad. “Hay un gran avance y estimamos que a fin de año se tendrá saneado el 100% de los terrenos, para que en 2017 se inicien las obras”, aseveró.