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El Gobierno peruano publicó hoy la aprobación de una ley que permite a Asociaciones Público Privadas (APP) construir, remodelar y administrar las prisiones del país, así como la prestación de servicios básicos a los reclusos.
Un decreto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), publicado en el diario oficial El Peruano, explicó que la norma resulta necesaria para fortalecer la inversión pública y privada.
También argumentó que será útil para regular la financiación, diseño, construcción y mantenimiento de las cárceles, además de la operación de la infraestructura, tratamiento y seguridad penitenciaria.
La norma especificó que la seguridad interna y externa de los establecimientos penitenciarios y dependencias conexas estará a cargo exclusivamente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La participación público privada abarcará la construcción de nuevas sedes penitenciarias, además de su ampliación, remodelación o reestructuración.
Contemplará además los servicios para atender necesidades básicas como alimentación, limpieza, mantenimiento, lavandería, control de plagas, material logístico y tecnológico, y cualquier otro servicio que permita tener las condiciones mínimas para lograr la reinserción social.
Las empresas podrán utilizar como empleados a los reos de los centros, a cambio de un pago mensual no inferior al salario mínimo vital, fijado actualmente en 850 soles (unos 256 dólares)
El servicio de alimentación del personal de seguridad deberá realizarse con trabajadores externos al recinto penitenciario, de los que una cuarta parte deberán ser de lugares cercanos a la prisión.
La norma también aclara que los gastos de energía, agua y otros servicios comunes deberán ser asumidos por la participación privada, en la proporción correspondiente.
El primer censo nacional penitenciario, publicado en junio pasado, reveló que Perú tiene 77.086 presos, con una sobrepoblación del 132 % y un 2,4 % de reclusos extranjeros, en su mayoría de Colombia, España, Ecuador y Chile, entre otros países. EFE
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