Pobreza, desempleo y migración se incrementa por paralización del Complejo Metalúrgico La Oroya

Luego que la licitación internacional de los activos de Doe Run Perú (DRP) quedara desierta, el alcalde de la provincia de Yauli-La Oroya, Carlos Arredondo Mayta, grafica las consecuencias de la paralización de operaciones del complejo metalúrgico y anuncia un sombrío panorama.

¿Cómo ha afectado la paralización del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) a su provincia?

El CMLO está paralizado desde hace 6 años y tres meses, con graves consecuencias políticas, económicas, sociales y laborales. La pobreza, el desempleo, la migración, la deserción escolar se han incrementado de forma alarmante.

¿Puede detallarnos esas consecuencias?

El 35% de la población ha migrado a otras ciudades en busca de un empleo más seguro. En el Comedor Nacional N° 5, que pertenece al Ministerio de Salud (Minsa), de 30 platos de menú que se vendían a un nuevo sol hace 6 años, ahora se venden más 300. Las escuelas y colegios, que anteriormente albergaban por aula a 30 o 35 alumnos ahora solo tienen 8, 10, 12 o 14. Incluso en este año se han cerrado dos escuelas del Estado. Las instituciones privadas también han sentido los mismos efectos. Por otro lado, el 40% de los negocios han cerrado y el resto ha estado sobreviviendo con las esperanzas del reinicio de operaciones del CMLO. Varias entidades financieras, restaurantes, hoteles, bodegas han sido afectadas.

¿Directamente el municipio provincial cómo ha sido perjudicado?

Hace 6 años, el concejo municipal estaba integrado por 12 regidores, luego se redujo a 9 y actualmente solo son 7, eso grafica la reducción de la población que anteriormente llegaba a 70 mil y ahora solo a 40 mil aproximadamente. En municipio de La Oroya, en su mejor momento, al año percibía 30 millones de soles para ejecutar obras, ahora solo tenemos 870 mil. La transferencia era alta porque sumaban canon, sobrecanon y regalías mineras.

¿Cuales serían la alternativas para revertir estas consecuencias?

Durante todo este tiempo personas que no son de La Oroya han venido señalando que las autoridades deberían instalar zonas industriales en la ciudad, los entendemos porque desconocen la realidad. Vamos aclarar las cosas: todos los terrenos de la ciudad, de la Carretera Central para los costados es propiedad privada. Los cerros, las calles, las infraestructuras y terrenos de la comisaría, centro de salud, registro militar, Dirección Regional Zonal de Trabajo, escuelas, colegios, losas deportivas, parques, iglesia son propiedad de DRP. Estamos atados de manos si queremos ejecutar algún proyecto en favor de nuestra población. En el proceso de venta estábamos negociando para que estas propiedades sean transferidas como activos sociales a la municipalidad, pero ahora el panorama es incierto.

¿Cuáles son los inconvenientes para la reactivación del CMLO?

DRP fue afectado el 2009 por una crisis financiera mundial y porque ya no pudo seguir cumpliendo con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Luego de ello, la junta de acreedores toman la administración. El Estado, con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), tiene más del 50% de acreencias y por lo tanto debe tomar una decisión política ahora.

Usted señaló que el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) no favorecía a los inversionistas.

Así es, el IGAC no es atractivo para los invesionistas. Los estándares ambientales son muy altos y los inversionistas temen no tener la sostenibilidad económica para cumplirlo. El Estado debe hacer la venta más atractiva la venta de los activos poniendo mejores condiciones y con ciertos lineamientos y estrategias para cuidar la salud de nuestra población.

¿Ahora cuál es el panorama tras el fracaso de la subasta internacional?

Podríamos estar hablando de la muerte lenta y triste de una ciudad que por muchos años ha sido una de las principales fuentes económicas, a través de los impuestos, del Gobierno Central. Los problemas de pobreza, desempleo, migración y deserción escolar se agudizarán. Pero creo que la población no va aceptar que esto ocurra, tenemos que exigir al Gobierno Central algunas mediadas de salvataje o acciones para salvar el complejo metalúrgico.