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Para la , los programas sociales deben contribuir a reducir la pobreza, pero es necesario identificar y seleccionar a los beneficiarios para evitar desperdiciar recursos del Estado por la alta filtración de personas que no los necesitan.

Señala que el estudio “Ahorrar para desarrollarse”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con datos al 2013, indica que el 35.1% de los recursos destinados a los programas sociales en el Perú atiende a beneficiarios infiltrados (en México es 28.9%).

Precisa que esa filtración equivale al 0.2% del PBI peruano, es decir, es mayor que la destinada para investigación y desarrollo (0.15% del PBI).

Según ese estudio, indica Comex, en 2015 el Programa del Vaso de Leche (PVL) tuvo un presupuesto de S/363 millones, pero unos S/217.2 millones (aproximadamente el 70%) serían malgastados, considerando las filtraciones.

NUEVA ESTRUCTURA. El gremio empresarial, en su publicación semanal, señala que esa alta tasa de filtración se da por la falta de estructuración de la política social en el Perú.

Citó el caso del presupuesto del PVL para las municipalidades distritales, que lo determinan los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cuyos criterios son “corroborados” por los comités del PVL de cada localidad, integrados principalmente por madres de familia, que en muchas ocasiones se guían por criterios no técnicos.

“Ello significa que los programas sociales están fragmentados y no constituyen una política integral, lo que desemboca en duplicidad de funciones, irregularidades presupuestales y, como comúnmente sucede, terminan excluyendo a las personas que, por su precaria condición económica, sí deberían recibir esos beneficios”, agregó.

Propuso que el Midis puede encargarse de la dirección de esos programas para reducir la doble filtración, es decir, hogares que reciben transferencias del programa Juntos y ayuda alimentaria del PVL, entre otros.