El Niño costero: Ejecutivo estima beneficio de $56 mlls. en hectáreas recuperadas

Con cifras de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Gobierno indicó en un proyecto de ley enviado al Congreso que, mediante el mecanismo “Obras por Terrenos”, se pueden recuperar hasta 5590 hectáreas de libre disponibilidad en regiones afectadas por El Niño costero. Asumiendo que cada hectárea tiene un valor aproximado de $10 mil, se tendría un beneficio de $56 millones en tierras recuperadas.

FALTARÁ DINERO. Sin embargo, aunque el total de las más de 50 mil hectáreas identificadas calificaran para este esquema y contaran con inversionistas interesados, el nivel del daño es superior.

De acuerdo a la estimación de la ANA, se necesitarían S/6686 millones ($2057 mlls.) en obras de prevención para mitigar riesgos de los principales ríos de las 10 regiones más afectadas por El Niño costero, lo que representa un tercio de todo el presupuesto para la reconstrucción.

Por lo cual, el documento también contempla la posibilidad de entregar tierras eriazas de propiedad del Estado como forma de compensación por la inversión. Las mismas deberán ser sistematizadas por un “Banco de tierras de libre disponibilidad”. En el proyecto se calcula que existen 92,477 hectáreas eriazas en regiones afectadas por El Niño costero.

¿QUÉ TERRENOS ABARCA? En el proyecto del Ejecutivo se indica que pueden ser incluidos para este procedimiento los terrenos del Estado que no se encuentren ocupados por terceros, que no estén inscritos en propiedad a favor de terceros y que no estén comprendidos en procesos judiciales. No se considera para efectos de esta norma las áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, tierras de posesión privada, comunal o de pueblos indígenas.

DOBLE INICIATIVA. Este proyecto fue presentado el último viernes al Parlamento y coincide con uno promovido por la congresista Úrsula Letona de Fuerza Popular.

En el proyecto naranja se incluye el respeto a una faja marginal para el encauzamiento de los ríos y la imposibilidad de llevar a cabo proyectos habitacionales en dichas áreas. También se establece una entidad supervisora.

Declaratoria

Los gobiernos regionales tienen 3 meses para declarar sus zonas de riesgo alto y muy alto, si no el Ejecutivo pasará a hacerlo.

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