Empresas y el OSCE se enfrentan por Nueva Ley de Contrataciones

Hace menos de dos meses entró en vigencia la nueva Ley de Contrataciones del Estado (N° 30225) y las posturas encontradas por los cambios en su reglamento han generado posiciones encontradas entre el sector privado y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Para la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los puntos más controversiales son la reducción a la mitad de los adelantos de pago por las obras (de 60% a 30%) a ejecutar por las empresas y el hecho de “burocratizar” al arbitraje al obligar a los árbitros quedar inscritos en un registro del organismo supervisor.

“Lo primero que vemos es que con estas nuevas condiciones, las empresas medianas y pequeñas van a tener mucha más dificultad [...] Primero que nada van a tener que ver cómo van a financiar la obra”, explica el tesorero del gremio de Infraestructura, Edificaciones e Ingeniería de la CCL, Rubén Lora Morgan.

Otro de los aspectos señala como preocupantes es la existencia de una mayor “discrecionalidad para el funcionario público”, lo cual puede generar que los funcionarios corruptos compliquen los procesos para su propio beneficio o que quienes son honestos tengan temor de tomar decisiones por posibles acusaciones de favorecer a algún contratista.

Transparencia. Ante estas acusaciones, la presidenta ejecutiva del OSCE, Magali Rojas Delgado, aclaró que el fin de reducir los adelantos se debe a que existe una correlación entre las obras que recibían el 60% de adelanto y que luego quedaban paralizadas pues muchas empresas optaban por dejarlas inconclusas o culminarlas en mal estado.

“No hay intención de perjudicar económicamente a los postores, sino de frenar los casos de obras paralizadas por abandono de los proveedores”, manifestó Rojas.

A ello agregó que la disposición de registrar a los árbitros no se debe a un fin de “burocratizar” los procesos arbitrales entre el sector público y privado, sino a un intento por incrementar la transparencia en el uso de recursos públicos.

“Cuando estás ante un arbitraje con el Estado, hay de promedio otros intereses, está el interés público, estás hablando de fondos públicos que son de todos los peruanos [...] es importante conocer esa información, si ese árbitro tiene sanciones éticas, si ha sido cuestionado”, señaló.

En ese sentido, dijo que ahora es el momento de hacer una línea y e identificar quiénes “están del lado de la corrupción o del lado de la transparencia”.

Derogación. Por otra parte, cabe señalar que a pesar de los argumentos de parte de la CCL y la OSCE, la historia podría tener un giro distinto, pues el martes 23 de febrero el congresista Modesto Julca, de Perú Posible, presentó el proyecto de ley 5146-2015-CR para derogar la nueva Ley de Contrataciones del Estado.

La congresista Carmen Omonte confirmó a Correo que la referida iniciativa fue presentada esta semana.