La inversión pública debe ser orientada a servicios e infraestructura básica, pero intensivas en empleo, dice César Peñaranda, economista y consultor internacional.
La inversión pública debe ser orientada a servicios e infraestructura básica, pero intensivas en empleo, dice César Peñaranda, economista y consultor internacional.

La situación laboral ha empeorado de manera significativa. La pandemia y su mal manejo para controlar su propagación, ha dado como resultado el incremento significativo de la pobreza.

“El cierre de empresas y la pérdida de empleos ha generado, lamentablemente, un retroceso importante y, por tanto, que la pobreza alcance nuevamente niveles de hace una década, alrededor del 28% de la población. En los últimos cinco años, aunque lento, este porcentaje también bajó y llegó a alrededor del 20,5%”, revela el economista y consultor internacional, César Peñaranda.

Precisa que, si antes siete millones de peruanos estaban en esta situación, ahora son nueve millones los peruanos que enfrentan y viven en la pobreza, quienes habitan en zonas de carencia o insuficiencia de servicios públicos e infraestructura básica.

Detalla que la pobreza es un problema de ingresos, si las personas o las familias no tienen un ingreso adecuado, porque están sin trabajo o subempleados, se les complica cubrir su canasta básica de alimentos y servicios. Mientras que, los de extrema pobreza ni siquiera pueden cubrir la canasta de alimentos, y ni qué decir de los servicios básicos como salud, educación, entre otros.

“Hay que reconocer que estamos atravesando por un momento muy crítico y con alto contenido socioeconómico”, acota.

Ante ello, señala que es necesario trabajar en una estrategia que conlleve, en lo inmediato, mediano y largo plazo, al incremento de la generación de empleo. “No hay mejor política laboral que la de crear puestos de trabajo”, acota.

“Los peruanos y en general el ser humano no quiere ganar dinero a través de un subsidio temporal (bonos), ya que además de ser una solución temporal y no resolver el problema, no se cuenta en las circunstancias actuales con recursos fiscales”, dice el especialista.

OBRAS POR IMPUESTOS

Peñaranda sostiene que el elemento central para manejar este problema con sentido de urgencia, pero con visión de mediano y largo plazo, es crear el ambiente propicio para la inversión, tanto pública como privada, siendo esta última la más importante con una participación del 80%.

“La inversión pública debe ser orientada a servicios e infraestructura básica, pero intensivas en empleo. Sería ideal que tuviéramos, y eso lo ha demostrado la pandemia, centros de atención primaria de la salud bien equipados a nivel nacional con lo cual se promovería la prevención, por ejemplo”, detalla.

Asimismo, agrega que ahora que las clases son virtuales sería el momento ideal para darle mantenimiento a los colegios y construir otros y equiparlos.

Estas iniciativas podrían ser lideradas con inversión pública y la participación del sector privado a través del mecanismo de obras por impuestos (OXI), que con tanto éxito se estaba realizando, pero que inexplicablemente perdió dinámica, acota.

“Para canalizar y ejecutar los recursos públicos se necesita un trabajo articulado y, sobre todo, es imprescindible una dinámica gerencial de coordinación entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local”, explica.

Con ello, además, se resolverían los reclamos justificados de las zonas marginales del país, las que en algunos casos se hacen presente de manera inadecuada al impedir la ejecución de inversión de mayor envergadura, como en los sectores de minería y energía.

INVERSIÓN PRIVADA

Con el mismo propósito de crear empleo se debe viabilizar la inversión privada, mejorando el ambiente de negocios actualmente tan deteriorado, como queda demostrado por el continuo descenso relativo de la posición del Perú en el estudio periódico que realiza el Banco Mundial, el conocido Doing Business (Haciendo Negocios), afirma Peñaranda.

Esto permitirá desempolvar diversos proyectos de múltiples actividades económicas que están hace buen tiempo en la cartera de inversiones del sector privado.

Corresponde, además, por la crítica situación que enfrenta el país, seleccionar un conjunto de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura. Entre esos proyectos deben estar considerados los que estaban en marcha y que por diversas razones fueron detenidos, para aplicarles un proceso administrativo y de ejecución especial.

Es importante resaltar que con esta estrategia para potenciar uno de los motores del crecimiento, como es la inversión, también se pone en movimiento la productividad; tanto en cuanto a proveer de servicios e infraestructura básica a diferentes zonas del país, como vía el adelanto de obras de infraestructura de mayor envergadura.

“Lo fundamental de esta estrategia planteada es la creación de empleo, que debe ser adecuado y de calidad para también ir resolviendo el agudo problema de la informalidad laboral y empresarial que enfrenta el país”, sostiene

Ante la segunda ola del COVID-19 y la posibilidad del endurecimiento de medidas contra su propagación, Peñaranda afirma que pese a ello el Gobierno debe pensar muy bien en qué tipo de acción tomar, porque con protocolos adecuados y claros, por el lado del sector público y del privado, se puede seguir y no parar las inversiones. “Lo peor que puede pasar es que este retroceso de una década de la pobreza pueda ser mayor y genere un tremendo impacto socioeconómico”, puntualiza.