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Peligro internacional, así es como calificaron la fiscal penal de Santiago de Chile, Erika Mayra Bravo, y el procurador judicial de Bogotá, Colombia, Edgar Villamarin, con respecto al polémico proyecto de ley para aprobar la pena de muerte en contra de los violadores de niños.

Ambos indicaron que si los congresistas peruanos aprueban el pedido, el Gobierno iría en contra del pacto de San José que diversos países latinoamericanos firmaron.

Aseguraron que sería un retroceso como sociedad y principalmente entablarían una falta de respeto a la Constitución.

POPULISTA. “Es una medida populista, refleja la indignación de la gente, pero no debemos dejarnos influenciar, la pena de muerte sería un retroceso”, dijo Erika Mayra. Agregó que en Chile las penas por este delito, pueden ir desde 5 hasta 15 años de prisión, inclusive superiores.

También, tras la condena, los agresores cada 3 meses tienen que firmar un documento de buenas conductas, tampoco pueden trabajar cerca a niños.

Por su lado, el procurador colombiano refirió que también la pena de muerte solo demuestra la falta de estructuración de un país y aseguró que un agresor de este tipo, nunca va a temer a una pena de muerte.

“No existen soluciones inmediatas, la pena de muerte no lo es, el Gobierno tiene que invertir en educación desde los padres hasta los hijos, para que el afectado haga respetar sus derechos y también los denuncie, tenemos que dar valores y cultura”, refirió.

Ambos estuvieron presentes en el II Congreso Internacional de Violencia Familiar organizado por la ONG Cepas.

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