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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa dispuso formalizar la investigación preparatoria en contra del expresidente regional Juan Manuel Guillén Benavides y sus exfuncionarios Jorge Luis Aguilar (exgerente general) y Sarah Peña (jefa del proyecto del Puente Chilina), al hallarse presuntas irregularidades en la expropiación de inmuebles para la construcción de la vía troncal del puente Chilina.

Están también comprendidos diez titulares del predio que negociaron la venta con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). La investigación se inició a raíz de los informes de auditoría que realizó la Contraloría General de la República.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, el GRA habría incumplido los plazos que establece la Ley General de Expropiaciones N° 27117 por lo que habría pagado 50% más a los propietarios que fueron expropiados, además están los pagos por lucro cesante y daño emergente que se habrían entregado por el retraso.

La disposición fiscal comprende la investigación por presunto delito de colusión a Juan Manuel Guillén, Jorge Luis Aguilar, Sarah Peña, Martín Medina Vilca, Alejandro Medina Vilca, Marcía Medina Vilca, Ángel Peña Delgado, Elizabeth Riveros Delgado, Aurelio Arenas Llerena, Violeta Zegarra de Arenas, Arturo Arenas Zegarra, Rocío Arenas Zegarra y Cristian Zevallos Medrano. Mientras que por el presunto delito de negociación incompatible solo se imputa al expresidente y sus funcionarios. El monto del perjuicio detectado supera los 2 millones de soles.

De acuerdo al Nuevo Código Procesal Peruano, el delito de colusión tiene pena de cárcel entre 6 y 15 años, mientras que el de negociación se castiga de 4 a 6 años.

El proceso indagatorio para determinar si existe o no delito tiene como plazo 120 días, pero al ser un caso con numerosos folios, el Ministerio Público lo declaró complejo y las investigaciones podrían durar hasta 8 meses, indicaron fuentes expertas.