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El Instituto Metropolitano de Planeamiento de la Municipalidad Provincial debe terminar de absolver en octubre las 798 observaciones hechas al Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) y Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM).

ANUNCIO.El gerente del Instituto de la comuna provincial, Francisco Ampuero, sostuvo que su grupo de trabajo ha cumplido con levantar el 30% de las consideraciones realizadas a los planes de desarrollo.

Ampuero estima que el 15 de octubre debe cumplirse con entregar el PAT al que se le hizo 222 observaciones. En la segunda quincena de octubre debe hacerse lo propio con el PDM con 576 indicaciones.

Sin embargo, el Instituto de Planeamiento del municipio provincial de Arequipa le dio preferencia a la absolución de cien puntos presentados por instituciones públicas como privadas sobre variados puntos.

Ampuero comentó que todos los días dirigentes promotores de invasiones lo visitan para pedirle que incluyan a su asociación en la expansión urbana.

“"Nosotros tenemos que evaluar cada pedido, pero aún no lo estamos haciendo porque esta es una etapa micro. Nosotros estamos en la etapa macro"”, refirió.

La viabilidad de estas solicitudes dependerá del grado de relación que tiene la ocupación de predios con demandas judiciales, ataque al medio ambiente y otros criterios más.

Mientras más problemas tenga la ocupación de determinado terreno, será más remoto que este sea incluido en los planes de desarrollo de la ciudad.

En la elaboración del documento también se toma en consideración las zonas de riesgo cercanas al volcán Misti, ríos, torrenteras y otros similares, las que nunca serán consideradas en el plan.

El funcionario no solo advirtió un interés de los invasores, sino también de quienes realizaron construcciones sin respetar la normativa para conservar la campiña y áreas agrícolas.

“"No podemos aceptar la informalidad y el abuso. Quienes ocuparon o construyeron sobre un terreno sabiendo que no debían hacerlo, deben asumir las consecuencias"”, expresó Ampuero.

Finalizado el PAT y PDM las autoridades competentes podrán imponer multas, denuncias ante el Ministerio Público, desalojos así como la demolición de construcciones de viviendas.

Indicó que el trabajo del instituto trata de ser el más técnico posible, basado en las normas urbanísticas que propicien el orden de la ciudad y combatan la ilegalidad.

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