El pasado 29 de agosto, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) solicitó el inicio de un proceso de arbitraje de derecho ante la Cámara de Comercio de Lima (CCL). El objetivo es resolver las controversias con la Concesionaria Angostura Siguas (Cobra) sobre el proyecto agroexportador Majes Siguas II. La medida está pendiente de aprobación y ha recibido diversas críticas de forma y fondo, siendo incluso calificada como una ‘estrategia legal equivocada’. El presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Miguel Ángel Linares, consideró que el arbitraje terminaría siendo rechazado por la CCL, toda vez que el GRA ha presentado argumentos técnicos que no ameritan un debate legal. Esta situación sería el ‘detonante’ que torne como inadmisible el proceso extrajudicial y de pie a un arbitraje internacional, como ha solicitado Cobra en sus últimas comunicaciones.
“Lo correcto sería rechazar ese arbitraje porque es un arbitraje de derecho, donde hay controversias legales. Por ejemplo, si en el contrato dice días y falta precisar si son días hábiles o calendarios, es un tema legal. Lo que ha invocado el Gobierno Regional son temas técnicos y evidentemente no hay trámite legal (...) La controversia real es en el CIAD (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), en Estados Unidos, donde se ve el incumplimiento (en 25 puntos del contrato) e indemnización que Cobra ya impulsó por más de 400 millones de dólares”, agregó.
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El también abogado de profesión, explicó que, en el mejor de los casos, la CCL podría aperturar un tribunal arbitral, pero el proceso también terminaría por fracasar con una medida de excepción al laudo arbitral y posterior retiro del caso. “En los dos caminos, yo no creo que la Cámara de Comercio de Lima continúe viendo el laudo legal”, dijo.
NUEVO MANEJO
Bajo este análisis, Linares consideró que el Gobierno central debe tomar las riendas del megaproyecto agroexportador e impulsar su destrabe. Esto último se debe a las capacidades técnicas de los profesionales que laboran en los ministerios de Economía y Agricultura; así como la capacidad de recursos que disponen para contratar un estudio jurídico internacional para que brinde la asesoría legal. “Si es que viene el tema al Consejo Regional, yo votaría para que lo maneje el Ejecutivo”, dijo.
Propuesta. Ayer en horas de la mañana, el área de Relaciones Públicas del GRA compartió la publicación de un medio de comunicación nacional, donde se acusa al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, de querer “chantajear” a las autoridades arequipeñas de ceder el proyecto al Gobierno central para entablar un nuevo diálogo con la empresa Cobra. Además, se lee que el gobernador Rohel Sánchez ha emitido una opinión en rechazo a la propuesta con el respaldo de la congresista Diana Gonzales. El supuesto chantaje se habría producido durante la reunión que Sánchez sostuvo con funcionarios del MEF.
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Al respecto, Linares dejó entrever que la propuesta no es tan factible tras la resolución del contrato por propia voluntad de la empresa española y la única salvedad a la iniciativa sería la elaboración de un nuevo contrato con Cobra, aunque este proceso tampoco estaría libre de obstáculos.
“Falta la valorización, se debe nombrar interventor tras la resolución del contrato. Esto implica que Cobra debe devolver los activos del GRA y puede que aquí haya problemas si los devuelve inservibles, incluso se podría generar una nueva controversia (...) En la valorización también, Cobra dice que ejecutamos el 52%, pero el Gobierno Regional dice que esto no llega ni al 27%”, dijo.
Cabe señalar que, hasta el cierre de esta edición, la Cámara de Comercio de Lima no emitió respuesta sobre la admisibilidad del arbitraje de derecho por Majes II. La procuradora regional de Arequipa, Amparo Begazo, dijo que están pendientes de la respuesta para luego solicitar inversiones para la contratación de asesoría legal en el proceso.
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