Tía María: Víctimas de la violencia buscan justicia ágil y transparente

Han transcurrido más de 90 días desde que se inició el paro en la provincia de Islay contra el proyecto minero Tía María de Southern, y al parecer la justicia nunca llegará para los familiares de los fallecidos y heridos que dejó esta paralización.

Fueron cuatros muertos (tres civiles y un policía) y más de 300 heridos los que dejó como saldo las violentas manifestaciones, que más allá de la defensa de la agricultura y el rechazo a la mina, dejó claro que no existe una buena comunicación de parte del Gobierno Central para explicar por qué Tía María debe continuar.

Y quizá lo más lamentable es que solo un fiscal y seis policías son los responsables de esclarecer todos estos hechos generados por la violencia.

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Henry Colque, hijo del último de los fallecidos lamentó que no exista una investigación seria en vista que recurrieron al Departamento de Homicidios del Depincri y no obtuvieron ningún tipo de información de los encargados. “Nos sentimos maltratados porque cuando recurrimos a la Policía nos dijeron que todo estaba en trámite pero nadie nos dijo cómo estaba el avance. Solo pedimos justicia para que se sancione al responsable de la muerte de mi padre”, denunció.

A esta queja se sumó el abogado Héctor Herrera Herrera, quien representa a más de 70 pobladores del valle de Tambo, que resultaron heridos y detenidos por los disturbios y enfrentamientos en los más de 60 días de paro.

El jurista opinó que el número de efectivos dedicados a estas investigaciones es muy reducido.

Denunció que no se han practicado pruebas de absorción atómica a los efectivos policiales que prestaron servicio en la zona de conflicto y explicó que las denuncias que tiene la fiscalía están referidas a detenidos por disturbios y las muertes pero no hay casos sobre torturas en las comisarías.

UNA SOLA FISCALÍA. Yecid Amparo Zeballos Arias, es la fiscal que tiene a cargo todas las investigaciones de los muertos, heridos y detenidos del valle de Tambo.

En comunicación telefónica, la representante del Ministerio Público explicó que su despacho tiene cuatro meses para realizar todas las diligencias y establecer responsabilidades.

Sin embargo, adelantó que las muertes se calificaron como casos complejos, lo que originaría que este plazo se extienda unos meses más. “Mi despacho tiene más de 25 procesos originados durante las protestas contra Tía María. Existen diligencias que se realizan y otras que aun no se concluyen”, explicó al tiempo de indicar que la siguiente semana se reincorporará a sus funciones y detallará el avance de las investigaciones.

UN GRUPO POLICIAL. A la falta de fiscales que se sumen a las pesquisas, otro problema que existe para llevar adelante las diligencias es la designación de personal policial especializado homicidios.

El jefe de la región policial de Arequipa, general PNP Enrique Blanco Ridoutt explicó que se formó un grupo especial para este caso, el mismo que está integrado solo por seis efectivos del Depincri (4 de homicidios y 2 de secuestros), con apoyo de otras unidades como Inteligencia y Seguridad del Estado para poder identificar a los responsables de los actos de violencia.

Consultado sobre si este número de efectivos era suficiente para realizar la investigación de todos los casos, Blanco Ridoutt sostuvo que se trabaja de la mano con la Fiscalía para llevar adelante todos los procedimientos solicitados, tratando que estos sean transparentes porque la justicia debe ser por igual para civiles y policías.

“Aquí no se trata de ocultar nada, para todos la ley es igual y se trata de identificar a los responsables para que sean juzgados y reciban una sanción justa”.

El oficial explicó que si bien aun no se ha podido identificar a los principales responsables (los llamados Espartambos) de la muerte del policía Vásquez, se conoce los seudónimos de quienes lo agredieron con piedras, por lo que su captura es inminente.

Adelantó que producto de las acciones de inteligencia y a pedido del Poder Judicial, ayer se logró la detención de Juan Carlos Apaza Cajigas (22), natural de Juliaca, uno de los implicados en la brutal golpiza que recibió otro efectivo policial en el distrito de Majes- El Pedregal, a quien incluso despojaron del arma que usaba para lanzar bombas lacrimógenas.

Asimismo detalló que para evitar abusos en Islay, durante el periodo que dure el estado de emergencia, se instaló en Mollendo una sede de la Oficina de Control Institucional de la PNP, donde los moradores pueden realizar denuncias en caso de atropellos que pudieran cometer los efectivos policiales.