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La primera semana del 2017 estuvo marcada por la decisión del Ministerio del Interior (Mininter) de poner en funcionamiento macro regiones policiales en todo el país, con lo cual -al parecer- dejará de funcionar la Región Policial Áncash y, por ende, ya no habrá un general PNP a su mando.
La noticia se hizo oficial el martes último con la publicación de la Resolución Suprema N° 01-2017-IN, en la cual se asigna al general PNP Lorenzo Granados Ticona como el director del Tercera Macro Región Policial La Libertad - Áncash. El año pasado, el referido oficial trabajó como jefe de la Región Policial Cajamarca. En la misma disposición se precisa que el general PNP Juan Gálvez Escalante, quien el año pasado estuvo a cargo de la Policía en nuestra región, ahora se desempeñará como director de Seguridad Integral de esta institución.
El tema fue tratado con preocupación en la primera sesión del año del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec), quienes acordaron enviar un escrito al ministro del Interior, Carlos Basombrío, expresando su desacuerdo con la creación de la macro región y pidiendo que Áncash siga contando con un general para que dirija de manera exclusiva el trabajo de la Policía en esta región.
Del mismo modo, los miembros del Consejo Regional de Áncash expresaron su rechazo a esta disposición y decidieron que enviarán memoriales hasta el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, para que las órdenes a la Policía local no sean dadas desde Trujillo.
De otro lado, gran controversia generó la posición de los trabajadores judiciales, quienes cuestionaron la decisión del Comité Ejecutivo del Poder Judicial de suspender las vacaciones previstas para febrero.
A pesar de que estuvieron más de un mes en huelga y de que solo pocos participaron de forma comprometida con esta medida de lucha, el representante de los trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Santa, Francisco Rodríguez, indicó que ellos no son culpables del retraso en los procesos judiciales -principal razón por la que postergó las vacaciones- y que lucharán por gozar de su derecho a descansar.
Finalmente, el año pasado Control Interno del Ministerio Público dispuso unas 50 sanciones a fiscales por haber incurrido en diversas faltas como retraso en las investigaciones y tratar mal a los usuarios.