Fiscal Huamán trata suave a Belaúnde

Una fotografía de cómo investiga. El fiscal supranacional anticorrupción Marco Huamán trataría con guantes de seda a uno de los principales investigados del caso La Centralita, que ya tendría entre sus ‘muertos’ a un procurador nacional anticorrupción.

Esta es parte de la historia de cómo un fiscal titular con amplia experiencia no quiere usar las herramientas que le da ley para hacer efectiva la investigación sobre uno de los presuntos cabecillas que involucra a una presunta organización criminal, que se habría dedicado a defraudar al Gobierno Regional de Áncash.

EL OFICIO. Correo tuvo acceso a la información del oficio 3-2014 firmado por el propio fiscal Huamán, 1 de julio de 2014, que le envió al empresario Martín Belaúnde Lossio, cuando este ya estaba con orden de prisión preventiva desde mayo, ordenada por un juez santeño.

En la comunicación en un tono bastante cordial el fiscal le requiere a Belaúnde que “sirva ordenar a quien corresponda” le envíe información sobre tres puntos. Primero, le informe con qué empresas del sector privado o público celebró contratos; segundo, cumpla con entregar un informe sobre su supuesto trabajador Juan Carlos Barrios Ávalos (público colaborador eficaz y extrabajador de La Centralita) sobre sus boletas de pago, contratos de locación de servicios; y tres, entregue el libro de compras de los pliegos 2008 al 2012. Y como si no se estuviera comunicando con un presunto socio de una red de corrupción en un párrafo aparte señala: “Urge contar con esta información para hacer efectiva la investigación preparatoria de César Álvarez” y otros.

ELREMATE. Pero como si la cordialidad no fuera suficiente ya en este oficio de fiscal a investigado, se despide diciéndole: “Es oportuna la ocasión para exponer los sentimientos de mi especial consideración y estima personal”.

Fuentes que participan en esta investigación indican que este no es el trato propio entre un fiscal y un investigado y además el magistrado tiene herramientas legales que le otorga el Nuevo Código Procesal Penal como por ejemplo la incautación para obtener documentación.

Justo por no hacer valer estas herramientas legales y hasta cuestionar su trabajo, el ahora exprocurador anticorrupción Christian Salas Beteta pidió la exclusión de Marco Huamán en setiembre último.

PRIMERO AL JEFE. Otro asunto que también dibuja cómo se investiga en este caso, es el oficio 799-2014 que también emite el fiscal Marco Huamán y de cuyo contenido tuvo acceso Correo.

Fuentes que alcanzaron esta información indican que dentro de la carpeta N°506015506-2014-3-0, (caso La Centralita) está la extraña comunicación entre el mencionado magistrado y el propio fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, el 24 de setiembre de este año.

Sucede que en lugar de solicitar información directamente a Registros Públicos sobre dos investigados, el fiscal Huamán le pide al fiscal Ramos que él ordene a quién corresponda para que realice esta búsqueda sobre bienes muebles, inmuebles y personas jurídicas.

Los investigados son Santos Gregorio Monzón Faustino y nada menos que Dirsse Valverde Varas, supuesto testaferro de César Álvarez.

Nuestras fuentes señalan que más allá de lo singular del pedido (porque el fiscal es autónomo en su investigación) es muy precario este tipo de búsqueda, pues dentro de Registros Públicos existen diez tipos de registros, sin embargo, se indaga solo en tres de ellos.

“Es una constante dentro de toda la investigación, acá al menos están buscando personas jurídicas (si formaron empresas), para todos los demás solo se buscan en los registros de muebles e inmuebles, pero no buscan otros registros como personas naturales, propiedades vehiculares, mineras, de embarcaciones pesqueras, aeronaves, mobiliarios de contratos y naves”, explicó.