Chimbote: Luis Arroyo y sus regidores en el banquillo por “fotopapeletas”

El exalcalde Luis Arroyo estuvo nuevamente en el banquillo de los acusados, por presuntos hechos de corrupción que se habrían cometido mientras estaba al frente de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS). Se trata del caso de la concesión del servicio de cobro de fotopapeletas electrónicas a favor de la empresa Zaikafer.

ACOMPAÑADO. Ayer se inició el juicio oral de este caso, en el que la Fiscalía Anticorrupción del Santa, acusa a Arroyo Rojas del presunto delito de peculado con una tipificación alternativa de negociación incompatible.

Para el Ministerio Público, el entonces alcalde provincial no habría actuado solo. También están procesados 8 de los 13 regidores que conformaron el Concejo Municipal en su gestión. La mayoría, llegaron al poder vistiendo los colores del desparecido movimiento regional Cuenta Conmigo, que lideraba César Álvarez Aguilar, expresidente regional de Áncash.

Están acusados : Alberto Enríquez Namay (también exalcalde provincial cuando Arroyo fue apresado), Víctor Llanos Muñoz, Henry Alberto Torres Romero, Norberto Aguilar Carranza, Víctor Ávalos Ángulo, Katherine Moreno Alzamora, Adela Vásquez Córdova y Carlos Lynch Rojas, este último actual regidor de la comuna provincial del Santa.

Además, la Fiscalía Anticorrupción ha comprendido también como cómplice a la exjefa de Rentas de la comuna provincial Carmen Villanueva y la representante legal de la empresa Zaikafer, Zaida Fernández Morales.

El fiscal anticorrupción Mario Muñoz fue el encargado de oralizar la posición del Ministerio Público.

El magistrado acusó a los procesados de haber vulnerado los procedimientos establecidos en la contratación del Estado. Para él, el pleno del concejo municipal aprobó no solo la concesión del servicio de fotopapeletas, sino que también en el acuerdo de establecía que este sea concesionado a la empresa Zaikafer.

“Durante este juicio vamos a probar que los regidores votaron a favor de esta concesión y ese mismo día se emite una resolución de acuerdo de concejo aprobando la concesión por 3 años y designando a la empresa Zaikafer”, expresó.

Para el representante del Ministerio Público, el supuesto acuerdo colusorio que habrían sostenido las autoridades con la empresaria favorecida, se habría concretado con el acuerdo de concejo que se adoptó el 30 de marzo de 2012.

“El alcalde y los regidores imputados, aprobaron esta concesión de fotopapeletas el 30 de marzo de 2012, en una sesión ordinaria, convocada por el alcalde, en presencia y previa ilustración de la jefa de rentas y con participación activa de Zaida Karina Fernández Morales (empresaria)”, sostuvo.

Indicó que incluso, la representante de la empresa Zaikafer acudió a la sesión de concejo municipal y también tuvo participación en la misma.

Además detalló que en el informe para sustentar la implementación del cobro de “fotopapeletas” electrónicas, se adjuntaron documentos referidos a accidentes de tránsito en otras zonas distintas a la de la provincia del Santa.

También dijo que la empresa recibió un depósito de un poco más de 29 mil soles por parte de la comuna, como parte correspondiente a la recaudación que logró desde el 15 de junio al 21 de setiembre.

Explicó que si bien es cierto, en setiembre de 2012, el concejo municipal adoptó la medida de anular el acuerdo de la concesión, lo hizo “por presión de la prensa”.

PEDIDOS DE CÁRCEL. El fiscal se ratificó en sus pedidos de cárcel para los acusados. En el caso de Arroyo, la exjefe de Renta y sus regidores pidió la sanción de 4 años y 10 meses de cárcel. Este pedido no se aplica para la exregidora provincial Adela Vásquez, para quien solo se pide la pena sde 3 años de cárcel. Mientras tanto, para la empresaria Fernández se plantea la pena de 4 años y 8 meses de cárcel. Estos pedidos se enmarcan dentro del delito de colusión.

En el caso de la tipificación aleternativa de la acusación, que es negociación incompatible, el Ministerio Público pide para Arroyo, la exjefa de Renta y los regidores la pena de 5 años y 2 meses de cárcel, a excepción de la concejal Vásquez para quien solo se pide 4 años de cárcel efectiva; mientras que para la empresaria Fernández se pide 5 años de cárcel.

Asimismo, la Fiscalía pretende que el Poder Judicial inhabilite a los acusados para ejercer la función pública, durante el mismo período de tiempo en el que purgen condena, en caso la sentencia les sea contrario.

La Procuraduría Anticorrupción del Santa, ha solicitado el pago de una reparación civil de 70 mil soles, la cual deberá ser abonado de manera solidaria por todos los acusados.

Tras escuchar los alegatos de clausura, los abogados de los acusados aseguraron que demostrarán durante el desarrollo del juicio oral que lo que hicieron sus patrocinados (los regidores) fue solo aprobar la concesión del servicio, más no que esta sea otorgada directamente a favor de la empresa Zaikafer.

Arguyaron también que existieron errores de transcripción del acta de la sesión de concejo municipal a la que ahce referencia el representante del Ministerio Público.

Por su parte el abogado de Luis Arroyo, Dennis Montoro Montoya sostuvo que su defendido solo cumplió sus funciones como alcalde el firmar el acuerdo de concejo que tomó el pleno. “Mi patrocinado era alcalde provincial, no tenía voto en las sesiones del pleno. Él solo cumplió con las funciones que estaban estipuladas para él”, dijo.