Procuraduría pide S/ 35 millones por “La Centralita”

Además de los pedidos de cárcel al que deberán hacer frente los 60 acusados del emblemático caso “La Centralita”, también tendrán que enfrentar el requerimiento de la Procuraduría Anticorrupción, la cual ha solicitado que, en caso se logre a una condena, los sentenciados le paguen una reparación civil de 35 millones de soles al Estado, de manera solidaria.

MILLONARIO PAGO. El procurador anticorrupción del país, Amado Enco, refirió que para determinar este monto, se ha tenido que trabajar en base a las pericias que ordenó el Ministerio Público como parte de las diligencias de la pesquisa que llevó a cabo por espacio de 36 meses.

Además de estos informes, la misma Procuraduría Anticorrupción ha ordenado la realización de pericias que permitan cuantificar cuál ha sido el daño económico para el erario nacional, producto de los presuntos delitos de corrupción que habrían cometido los miembros de la supuesta organización criminal que, según la Fiscalía, se constituyó en Áncash, durante los años 2007 al 2014 y que habría liderado el exgobernador regional, César Álvarez Aguilar.

“Se ha tenido en cuenta las pericias que se han manejado desde la Procuraduría y también desde el propio Ministerio Público sobre los perjuicios económicos que se han causado a la región, a partir de los hechos que han sido sometidos a investigación fiscal”, señaló el procurador Amado Enco.

El trabajo que se ha realizado para cuantificar el monto de reparación civil, no ha sido nada sencillo. Esto debido a la cantidad de investigados, la cuantiosa información que se recabó y la pluralidad de delitos. No en vano, el caso “La Centralita”, ha sido calificado como uno de los más complejos que haya sido investigado por el Ministerio Público, históricamente.

Se debe mencionar que la Procuraduría Anticorrupción, cuenta únicamente con 4 peritos, quienes trabajaron por varias semanas en la estimación del monto del daño al Estado por “La Centralita”.

El abogado del Estado explicó que la propuesta de reparación civil de 35 mil soles, tiene que ver no solo con el daño patrimonial, propio de los actos de corrupción que se le imputa a los investigados, sino que también se ha incluido la parte del daño extrapatrimonial, lo cual se encuentra ligado al nivel del cargo público que ocuparon los acusados, el fin social afectado y también la repercusión que ha tenido el caso en los medios de comunicación a nivel nacional, lo cual, se considera, como un daño al imagen del Estado.

“No significa que necesariamente el monto comprometido por actos de corrupción sea lo que estamos reclamando como reparación civil”, precisó el letrado.

EMBARGOS PREVENTIVOS. Ante una eventual sentencia, el abogado reconoce que sería bastante difícil conseguir el pago de la millonaria reparación civil propuesta. No obstante, comentó que se han dispuesto medidas preventivas de embargo, para asegurar en pago del daño al Estado, si es que el Poder Judicial considera que la acusación del Ministerio Público es sólida.

“La Procuraduría ha tenido la oportunidad de plantear medidas cautelares y en el escenario de que lleguemos a una sentencia condenatoria, habrían la ejecución de estas medidas cautelares”, dijo durante su visita a Chimbote el último viernes.

En su edición pasada, Correo informó sobre algunos bienes que tienen la condición de embargos de algunos bienes, de acuerdo al requerimiento mixto del fiscal Elmer Chirre.Así, por ejemplo, se llegaron a decomisar dos embarcaciones pesqueras: una de ellas “Rey David” de matrícula HO-04489-CM, vendida al grupo empresarial Jobecort SAC y la otra embarcación es “David”, de matrícula H0-04663- CM, también vendida al grupo empresarial en mención.

Ambas embarcaciones fueron incautadas porque existió la sospecha de que “dichos bienes vendrían a ser efectos del delito de lavado de activos”, que se le imputo durante la investigación a Juan Cortez León y Rafaela López Pineda.

El Ministerio Público, también ha incautado equipos tecnológicos, entre ellos una laptop, una tablet y tres equipos celulares. Sobre estos bienes, la Fiscalía sostiene que durante la secuela de la investigación se ha determinado “que fueron adquiridos con dinero de procedencia ilícita, generada por actividades de una organización delictiva; por lo que constituyen efecto del delito de lavado de activos”. Es preciso mencionar que estos bienes fueron incautados al momento de la detención de los investigados Merly Pereyra Olivares y Edward Román Príncipe Carvallo, a quienes en un primer momento se les imputó el delito de lavado de activos, pero ahora la Fiscalía ha solicitado el archivo para ambos en este extremo.

El documento fiscal también hace mención a la incautación de un bien mueble relacionado al acusado Luis Alberto Cortez León. Se trata de un vehículo marca MAZDA, modelo Mazda 6, de placa de rodaje F5U-308. La unidad vehicular actualmente se encuentra bajo custodia de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi). La Fiscalía indica que el vehículo incautado “vendría a ser efecto del delito de lavado de activos”.

En la misma línea de bienes inmuebles incautados, se hace mención a un lote, ubicado en la manzana “J”, calle de servicio, urbanización Valle Hermoso, en el distrito limeño de Santiago de Surco, inscrito a favor de la empresa Sindarma.

Este predio tiene la condición de incautado, debido a que el investigado Mario Fatelevich tiene el 77.89% de las acciones de la compañía antes mencionada. La Fiscalía sostiene que este inmueble tendría vinculación con supuestos pagos de sobornos que habría hecho la constructora brasileña Odebrecht.

La Fiscalía indica que hay tres bienes incautados que fueron usados propiamente por la organización criminal que habría operado en “La Centralita”. Se trata de una impresora marca Sprinter, un llave de funcionamiento (parecida a un USB) y un estabilizador marca Ferroresonante, los cuales han sido entregados a la Conabi. Según testimonios de colaboradores, estos bienes fueron adquiridos para fines de publicidad electoral y estuvieron bajo la administración del investigado, Jorge Luis Burgos Guanilo, exasesor de Imagen de Álvarez. También se sospecha que son producto de la actividad de lavado de activos.

Además de las incautaciones hechas por la Fiscalía, a través de resoluciones judiciales, también hay un gran número de equipos de telecomunicaciones que han sido entregados al Ministerio Público, en el marco del proceso de colaboración eficaz al que se han sometido algunos investigados.

Específicamente, el colaborador eficaz 11-2014, ha alcanzado a la Fiscalía hasta 77 equipos de telecomunicaciones como reflectores LED, consolas de vídeos, trípodes, cámaras de vídeo, reproductores DVD, micrófonos, un sistema de alarma con sensores de movimientos, televisores, consolas de audio, reproductores Bluray, así como transmisores de televisión; entre otros.

Todos los bienes entregados por el colaborador eficaz 11-2014 se encuentran internados en la Oficina de Almacén de Bienes incautados del Ministerio Público.