Waldo Ríos, Valentín y consejeros son denunciados ante fiscal de la Nación

Las autoridades que han demostrado públicamente su apoyo a la formalización de las familias que ocupan las 217 hectáreas del Proyecto Especial Chinecas; deberán enfrentar acusaciones en distintas instancias.

EN FISCALÍA. El congresista fujimorista, Carlos Domínguez Herrera, ingresó un escrito dirigido al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, en el que denuncia al encarcelado gobernador regional de Áncash, Waldo Ríos Salcedo y al alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, como “autores intelectuales e instigadores” de los presuntos ilícitos de abuso de autoridad, usurpación de la propiedad y el tráfico de terrenos.

La denuncia del congresista Domínguez también se dirige a los consejeros regionales Magaly Roldán Camones, Pedro Reyes Reyes, Yolanda Bueno Gamarra, Ricardo Oqueña Moreno, Félix Aranda Córdova, María Marchena Valdivieso, Hermenegildo Morillo Alejos, Julían Huarancca Pocohuanca, Benito De La Cruz Asencios, Leoncio Espinoza Izaguirre, Eduardo Bello Maquín, Pablo Colonia Valerio y Ángel Durán León.

Como se sabe, estas autoridades regionales votaron a favor de la transferencia de 1,040 hectáreas de Chinecas a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), entre las que se encuentran las 217 hectáreas que han sido materia de polémica en los últimos días.

Por último se incluye al procurador del Gobierno Regional de Áncash (GRA), Oswaldo López Arroyo y a la gerente de Chinecas, Cony Barrueto Naupari, a quienes pide investigar por los delitos de omisión de deberes funcionales.

Domínguez, quien durante campaña para obtener una curul en el Congreso también prometió la formalización de dos pueblos que se ubican sobre estas tierras de Chinecas, hace mención a la Ley 29446 que es la que declara de “ejecución prioritaria” el proyecto irrigador y en el que establece que las tierras tienen carácter intangible y de uso exclusivo para la actividad agroindustrial.

Luego presenta un detalle cronológico de cómo se llegó a aprobar en sesión de consejo regional la transferencia de los terrenos a la SBN.

“Esta denuncia no intenta desconocer el justo derecho que tienen los ciudadanos a una vivienda digna, lo que queremos es evitar que las autoridades del Gobierno Regional de Áncash y algunas autoridades distritales utilicen políticamente la necesidad de la gente a una vivienda y a partir de ello promover invasiones”, señala el parlamentario en su documento.

El objetivo, refiere Domínguez es que la Fiscalía acoga su denuncia y pueda iniciar una investigación preliminar contra las autoridades que menciona por los presuntos ilícitos que expone.

EN ÉTICA. Mientras que se pide al Ministerio Público que autoridades locales respondan por su postura sobre las invasiones de Chinecas, funcionarios de otro nivel superior también son objeto de acusaciones.

Es el caso de la congresista por Áncash, Yesenia Ponce Villareal, contra quien se ha

presentado una queja ante la Comisión de Ética del Congreso de la República.

Ha sido el consejero Pedro Izquierdo, representante de la provincia de Yungay, quien ha alcanzado el documento ante este grupo parlamentario. En el escrito acusa a Ponce de haberse entrometido en el debate de la última sesión de consejo regional en el que ya no se llegó a debatir la reconsideración a la transferencia de las más de 1,000 hectáreas de Chinecas a la SBN.

“(...) la mencionada congresista sorprendió al pleno, quien con una actitud violenta, le quitó el documento al consejero delegado, minimizándolo, como sí ella (Yesenia Ponce) daba órdenes (sic) y poniéndose en pie en un tono desafiante dijo que este documento ya fue tratado”, expone el representante de Yungay.

Líneas más adelante, Izquierdo acusa a Ponce de tener una actitud “prepotente y autoritaria” además de “atropellar la autonomía del Consejo Regional”.

El portal web de Radio Santo Domingo, difundió el vídeo de la intervención de la congresista durante la sesión de consejo en mención. Muchos de los dichos expuestos por el consejero son confirmado con la visualización del material audiovisual, incluso, en un momento se observa que el consejero delegado le dice a Ponce que él es el director del debate, ya que constatemente intervenía sin que tenga autorización del pleno, tal y como el reglamento del consejo regional lo exige.

Fuentes del Congreso dijeron a Correo que el documento ya se encuentra en el despacho del congresista Segundo Tapia Bernales.

Días atrás el congresista por Áncash, Ricardo Nárvaez - miembro de la Comisión de Ética - también adelantó que el caso podría ser visto en este grupo.