Debido al reciente caso de la niña Jimena (11) quien fue asesinada en la capital, ha puesto el tema sobre la mesa. ¿Se debe aplicar la pena de muerte a los violadores de menores de edad, seguida de muerte? Buscamos la opinión de un grupo de huancaínos en el centro de la ciudad y de un especialista en leyes.
PACTO. El abogado Luis Torres Garay, exdecano del Colegio de Abogados de Junín, explica que en el Perú no se puede aplicar la pena de muerte porque estamos adscritos al Pacto de San José de Costa Rica o también denominada Convención Interamericana de Derechos Humanos. “No estoy de acuerdo que estemos suscritos a dicho pacto por muchos factores, porque nos limita de acuerdo a la realidad del país. La corte nunca se ha pronunciado con estas situaciones. Ven los derechos de los detenidos, pero no de las víctimas. No podemos compararnos, pero en otros países como en Europa no ocurre eso (violaciones y asesinatos) a menudo, porque es una cuestión de valores y educación y en ello se debería empezar a trabajar. Ahora, dicen que aplicar pena de muerte no convierte en retrógrada y es falso, en Estados Unidos se hace y es uno de los países más desarrollados”, para aplicarla hay que cambiar algunso puntos de la Constitución Política, eso toma tiempo y es decisión de los gobernantes”, dijo Torres Garay.
OPINIONES. Buscamos la opinión de algunos pobladores y el 100% esta de acuerdo con dicha aplicación de la norma. “Como pueden suceder cosas así. Deben matarlos a estos sujetos”, indica Carmela (50) en el parque Huamanmarca.
Pero no es la única, el comerciante ambulante, Javier Alcántara (40), pide drástica sanción. “Si permitimos (los crímenes) desde el primer momento, la gente va a hacer lo que le da la gana”, dijo.
“Sí o sí, se debe aplicar”, dijo Carmen Fuentes (40), quien cuenta que también es madre. Por su parte, Walter Avellaneda, tío de la niña Jimena, también se pronunció.
“Pedimos sanción ejemplar, cadena perpetua y la pena de muerte para este sujeto”, sentenció. Walter.
ACUERDO. El Pacto de San José de Costa Rica se firmó en 1969 y entró en vigencia el año 1978 en varios países, incluido el Perú.