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Frente al bloqueo de vías que se registran durante las movilizaciones, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), junto a la Junta de Usuarios de Riego Presurizado Moche, Virú y Chao y la Asociación para el Desarrollo Sostenible (ADAS) solicitan con carácter de urgencia a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) incluir a La Libertad en la declaratoria de emergencia a nivel nacional.
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El pedido se realiza en mérito al Decreto Supremo N° 009-2023-PCM que declara en estado de emergencia por 30 días calendarios solo a regiones del sur y algunas carreteras de la Red Víal Nacional. Pues bien, considerando que, en La Libertad aún existen algunas provincias como Virú, Otuzco y Sánchez Carrión en las que los manifestantes generan bloqueos durante sus manifestaciones, urge que se incluya a La Libertad en el estado de emergencia.
La declaratoria permitirá a la región el despliegue de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los recursos necesarios para contener los actos de violencia que viene afectando el orden público, el libre tránsito de los liberteños y poniendo en peligro la integridad física de los trabajadores que se trasladan por estas zonas, con el único fin de llevar alimento a sus familias.
La Cámara de Comercio de La Libertad reconoce el derecho de los ciudadanos a protestar, derecho amparado en la Constitución Política del Perú; sin embargo, rechaza tajantemente la desnaturalización de las movilizaciones, las cuales generan hechos de violencia, causando lamentables muertes y dejando heridos, además de daños a la propiedad pública y privada en diferentes partes del país.
Frente a estos hechos, el gremio empresarial exige al Gobierno, la Policía Nacional y el Ejército Peruano cumplir con sus funciones y poner fin, de una vez por todas, a estos actos que generan perjuicios materiales y económicos, siendo que a diario se pierden cerca de 30 millones de soles en diferentes sectores de la región a causa de los bloqueos de vías.
Asimismo, invoca a los congresistas liberteños, al Gobierno Regional de La Libertad, la Prefectura Regional y demás autoridades regionales a unirse a esta solicitud, con el fin de lograr manifestaciones pacíficas y que no afecten el libre tránsito de la ciudadanía.
