Chiclayo y su caos urbano que cada vez es más grave

Historia conocida. La transgresión de las normas de edificaciones parece ser una de las prácticas más usuales en esta ciudad de Chiclayo, la misma que está en vías de convertirse en metrópoli, a pesar del gran caos urbano que vive.

En las últimas horas, la denuncia ciudadana acerca de la construcción de un edificio en la urbanización Santa Victoria que rompía varias normas ocasionó un mediático escándalo, el cual muchos compararon a lo sucedido en la exgestión edil de Roberto Torres Gonzales justo en esta área.

REALIDAD. Buscando conocer a profundidad cómo maneja la actual administración municipal el tema urbanístico, Correo entrevistó al responsable de la gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Wilmer David Vásquez Salomón.

Una de las primeras cosas que el funcionario resaltó fue que el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que rige en estos momentos a la MPCh recién se aprobó el año pasado.

“Con este nos estamos rigiendo. Su aprobación fue uno de los requerimientos que le hice al señor alcalde (David Cornejo) para asumir esta gerencia, porque es el instrumento para que todo lo que hagamos tenga un asidero técnico- legal”, sostiene Vásquez.

El arquitecto de profesión (Vásquez Salomón) añade que antes de esto, la MPCh no actualizaba su PDU desde hace 23 años, justo cuando él egresaba de la universidad.

Pero el nuevo PDU ya entró en fase de obsoleto, pues fue diseñado por el segundo ejercicio edil de Roberto Torres, el mismo que goza de la aprobación de varios colegios profesionales y universidades de la región, y la gestión de Cornejo llegó y lo aprobó.

“La ley dice que cada 5 años esta herramienta (PDU) debe actualizarse y si bien este lo aprobamos en el 2016, su confección se dio años más atrás, o sea ya caducó.

Esto significa que necesitamos otro instrumento más actual y para eso el municipio ya firmó convenio con el Ministerio de Vivienda para poder elaborar nuestro Plan Metropolitano, porque Chiclayo ya está calificado para ser una ciudad metropolitana como Lima, Arequipa y Trujillo, las únicas en todo el Perú”, resaltó.

Vásquez añade que con el Plan Metropolitano se aprovechará para corregir las falencias que presenta el actual PDU.

“Este documento tiene muchos errores por mejorar, son cosas que hemos ido observando durante la práctica, son fallas y falencias técnicas que como gerencia hemos ido tomando nota, las cuales son más por error material”, enfatizó.

EXPLICACIÓN. Con relación al edificio de la calle Los Zapotes en Santa Victoria, el cual desató el último escándalo urbanístico por sus 12 pisos cuando solo tenía licencia para 10 y las ventanas laterales no permitidas, Wilmer Vásquez reiteró que la licencia de construcción la otorgó la anterior gestión edil de Roberto Torres en el 2014.

“Esta gerencia verificó el proceso constructivo de cada piso hasta el final, pero luego de esto, al parecer el propietario hizo cambios. Nuestro control posterior es al azar, pero ante la denuncia decidimos actuar de oficio”, indicó.

El funcionario afirma que los dueños de este edificio demostraron con documentos que habían comprado notarialmente los aires a sus vecinos para poder colocar las ventanas laterales, pero tras la denuncia y porque los planos originales no consideraban estas ventanas serán clausuradas.

Del mismo modo afirmó que el expediente referente a la construcción de esta cuestionada edificación no está en esta gerencia.

“Al parecer, cuando la Fiscalía incautó los documentos de la anterior gestión para las investigaciones que hacen se lo llevaron, pero ya lo estamos armando de nuevo, porque la ley no da hasta tres caminos para hacerlo”, dijo.

REBATE. Quien de alguna manera desbarató la explicación de Wilmer Vásquez referente al edificio de Santa Victoria, fue el decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque (CIL), Carlos Burgos Montenegro, catalogando de caótico el sistema urbanístico de la ciudad.

“Es una pena y vergüenza todo lo que seguimos viviendo y esto es producto del caos y desgobierno de nuestra autoridad municipal.

Ellos no pueden evadir responsabilidad diciendo que la licencia la cedió la gestión anterior, entonces qué hicieron cuando esta edificación empezó en el 2015, ellos fueron los encargados de verificar la construcción piso por piso, y cualquier vecino con sentido común se podía dar cuenta que esto (el edificio de Santa Victoria) estaba de cabeza”, precisó Burgos.

Asimismo indicó que el CIL a través de sus comisiones se pronunció al respecto.

“La comisión de Edificaciones y Saneamiento ya dieron su opinión. Este edificio ha sido edificado en lotes de vivienda unifamiliares, donde vivían 5 a 6 miembros (por familia) y naturalmente sus instalaciones sanitarias estaban diseñadas con una cierta dimensión a nivel de tuberías, entonces cómo es que aceptas y otorgas licencia de 10 pisos cuando sabes que con un multifamiliar van a vivir más de 100 personas, lo cual sin dudas provocará colapsos del sistema en esa zona”, detalló el decano.

Burgos sostiene que todo este incontrolable caos urbano también es responsabilidad de la actual gestión edil a cargo de David Cornejo, aunque remarca que todo esto es una herencia de los anteriores ejercicios municipales.

“Tienen responsabilidad por ser coparticipe y avalar y no poder poner freno en sus dos años (de ejercicio) este tipo de situaciones no haciendo las rectificaciones del caso de manera oportuna… ellos (MPCh) pueden observar y hasta detener los procesos constructivos y obligar a que se ejecuten como manda el reglamento”, resaltó.

ALIANZA. Pero la crítica del decano de los ingenieros también alcanza a sus agremiados, a quienes someterán a un riguroso filtro de control, sobre todo a los que laboran en entidades públicas y firman, avalan, supervisas y fiscalizan, así como los que componen los famosos comité especiales, quienes de ser hallados responsables de irregularidades serán sancionados e inhabilitados.

“Con el Colegio de Arquitectos de Lambayeque hemos firmado una alianza, la cual consiste en trabajar de manera conjunta con la gerencia de Desarrollo Urbano de la MPCh. El acuerdo es conformar una veeduría para que se encargue de la vigilancia y así evitar que algunos inescrupulosos usuarios no respeten las normas, como los metros de la servidumbre y el retiro, a pesar de esto la MPCh les cobra sus tributos de manera normal, con lo cual legaliza la ilegalidad”, enfatizó.

Carlos Burgos señala que esta comisión técnica será ad honoren y esperan que la MPCh acepte esta propuesta.