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Fiscalía pide 10 años de prisión para funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca

Pedido fiscal se hace contra 4 hombres de confianza que laboran en la Gerencia Subregional de Cutervo.

Fiscalía pide 10 años de prisión para funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca

Fiscalía pide 10 años de prisión para funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca

31 de Agosto del 2016 - 09:24 » Textos: Luis Camasca » Fotos: Correo

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cutervo formalizó acusación contra 4 funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca por el presunto delito de colusión agravada, pidiendo una pena de 10 años de cárcel para cada uno de ellos.

El caso en cuestión se habría dado al interior de la Gerencia Subregional de Cutervo, donde se presume que dichos funcionarios habrían concertado con la constructora a cargo de una obra para defraudar al Estado por la suma de 859 mil 268.87 soles.

INDICIOS. De acuerdo al requerimiento mixto que consta en la carpeta fiscal N° 448-2014, a cargo del fiscal Mario Bocanegra Herrera, se acusa a los funcionarios José Darío Marrufo Fernández, Luis Alberto Tarrillo Delgado, Miguel Ángel Balladares Purizaga e Ysidro Díaz Alarcón.

Se incluye también a Wladimir Alejandro Pérez Guevara, representante del Consorcio del Norte SG SAC, en calidad de cómplice primario. Para todos, se solicita una sanción de 10 años de pena privativa de la libertad.

El caso inicia con la denuncia presentada por Jhon James Llatas Delgado, sobre supuestas irregularidades en la obra “Ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la I. E. Manuel Pardo y Lavalle, centro poblado La Rioja, distrito de Sócota-Cutervo-Cajamarca”.

El denunciante señaló que los trabajos, valorizados en 3 millones 851 mil 133.30 soles, quedaron a cargo de la empresa Constructora del Norte SG SAC, pese a que la entidad no contaba con la disponibilidad presupuestal para proceder a la licitación. Tras esto, incluso, se habría pagado más de un millón de soles al contratista por concepto de material y valorización de avance, sin que este se evidencie.

Las indagaciones y pericias del Ministerio Público llevarían a evidenciar que, por ejemplo, se habría realizado la evaluación de propuestas y la entrega de la buena pro, sin la presencia de un notario público. En su lugar, participaría el juez de paz del centro poblado de Cachacara, que no tenía jurisdicción en la ciudad.

Se indica, además, que si bien existían serias deficiencias en el expediente técnico de la obra, esto no fue advertido por los funcionarios.

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