Investigan por 7 delitos a Oviedo y administradores

El Ministerio Público de Lambayeque inició una investigación contra el empresario Edwin Oviedo Pichotito y los administradores judiciales de la empresa Agroindustrial Tumán, Segundo Ordinola Zapata y Wigberto Cabrejos Flores.

Los trabajadores y accionistas de la excooperativa interpusieron la denuncia por lo que el fiscal, Carlos Osores Padilla, dispuso iniciar las diligencias preliminares por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, fraude en la administración de personas jurídicas, apropiación ilícita, fraude procesal, falsedad ideológica, evasión tributaria y daños.

CITADOS. En su disposición, el citado fiscal menciona diversas irregularidades descritas por los denunciantes como son: haber dejado de pagar remuneraciones desde el mes de abril, falta de pago de CTS, escolaridad e incumplimiento del pago oportuno del derecho de vacaciones, entre otras.

Asimismo, destaca la deuda que mantiene la azucarera por CTS, AFP y con la SUNAT por más de S/. 515 millones debido a un mal manejo de los administradores judiciales.

“La deuda con la SUNAT al 30 de junio del 2013 era solamente de S/. 282 millones, la cual, a la fecha se encuentra incrementada en S/. 314 millones 498 mil”, consta en la carpeta fiscal N° 2361 - 2015.

Además refiere que los denunciados han ocasionado la quiebra de la azucarera debido a que desde hace 9 años hasta la fecha, continúan pagándole al demandante Edwin Oviedo una deuda inicial de $ 750 mil, lo cual pudo hacerse en un plazo menor si se hubiese establecido un cronograma de pagos.

Por último, hace referencia a diversos actos irregulares que le ha generado pérdidas millonarias a la empresa como son: pago de S/. 32 millones por limpieza de drenes, bajo rendimiento de campo, baja molienda de caña, comercialización monopólica a las empresas de Edwin Oviedo y transferencia de bienes de la empresa.

“Mientras premeditadamente no se cumplía con el pago de la principal acreencia que motivó el ingreso de la actual administración judicial, ellos ocasionaban perdida millonarias a la sociedad”, consta en la disposición.

Al respecto, el gerente legal del Grupo Oviedo, José Carlos Isla Montaño, sostuvo que la denuncia obedece a una represalia de la autodenominada Junta Transitoria luego de haber sido declarada ilegal por la jueza Karina Fabián Palomino. “Actúan en represalia a este rechazo por parte de la jueza que también ordenó que se les denuncie por usurpación agravada”, acotó.

Además recalcó que las operaciones comerciales y económicas realizadas por los administradores judiciales han sido validadas por peritos designados por la citada jueza.