La reforma electoral en el Perú avanza a paso de tortuga. En estos tiempos en que el Gobierno hace gala de su sólida economía y su modernidad, es preocupante que no se normen los temas referidos a los financiamientos en los partidos políticos y la democracia interna.

En el Congreso, parece que la mayoría no le da la importancia necesaria. No hay un concepto unificado con respecto a la reforma electoral, que es un tema de tanta relevancia. Por ejemplo, no existe un sistema de acuerdos o una política de consensos con las diferentes instituciones electorales, como el JNE, la ONPE y Reniec.

Hay algunos avances, como que se suba de 3% a 4% el porcentaje de firmas del padrón electoral para la inscripción de un partido político; también se prohíbe que participen en una elección los que han sido procesados o condenados por terrorismo o tráfico de drogas, y se sancionará a las organizaciones políticas que regalen dinero y objetos; esto último es un claro veto a los políticos que eligen lo asistencial y toman a los pobres como clientes.

Estos puntos son importantes, pero es lamentable que aún no se hayan definido los asuntos de los financiamientos de los partidos políticos y la democracia interna.

Esperemos que el Congreso sea menos paquidérmico y promulgue la reforma electoral que el país necesita antes del 12 de noviembre (fecha en que se convocará a las elecciones presidenciales), ya que solo así se podrá aplicar la ley en las elecciones de 2016.

Falta poco tiempo y los congresistas ya se quedaron sin margen para mirar hacia otro lado.

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