El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, analiza algunas propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana y anuncia importantes medidas ante el hacinamiento carcelario.
¿Qué opina sobre el proyecto de ley de terrorismo urbano y su incorporación al Código Penal?
Con base al conocimiento adquirido por haber trabajado muchos años en el sistema antiterrorista, puedo decirle que, en el peor de los momentos, las sociedades deben actuar de manera sensata y enfrentar los problemas con las herramientas legales que correspondan.
Entonces, ¿no considera viable esta propuesta?
El terrorismo está sancionado en una ley especial, y todas las figuras penales están en esa ley ¿vamos a crear una nueva figura para modificar la ley de terrorismo o vamos a introducir ahora la figura del terrorismo en el Código Penal creando el terrorismo urbano?, ¿quiere decir entonces que quienes cometieron antes actos de terrorismo, aquí en la ciudad, y que de alguna manera no tenían la connotación que hoy tiene, ejecutaron un terrorismo impune y que no estaba tipificado? Claro que sí estaba tipificado. Todos los actos de terrorismo que se cometieron en este país, cuyos autores fueron identificados, están procesados bajo el debido proceso. No han existido vacíos legales. Crear un terrorismo urbano y extorsivo podría ser técnicamente un error.
El estado de emergencia por inseguridad ciudadana, no solo en Lima, sino en distintos puntos del país, atañe en gran medida al sistema penitenciario, ¿las cárceles están preparadas para albergar a más reclusos?
No dudo que estas medidas (de emergencia) van a implicar o traer consigo un mayor hacinamiento, es por eso que en el marco de la delegación de facultades nosotros aprovecharemos para proponer, y seguramente el Ejecutivo lo aprobará, nuestras propuestas de deshacinamiento dirigido en una primera etapa a un pequeño grupo de internos y que no implique mayor inseguridad ciudadana.
¿De qué población estamos hablando?
De aquellos que son procesados, presuntos inocentes por delitos menores que no implique alta lesividad. Saldrán con grilletes electrónicos, lo que no implica que salgan libres.
¿A cuánto asciende esta población?
Nuestra primera fase abarcaría a 500 privados de libertad, y de lograr éxito calculamos una segunda de 1,000 más. De manera que en estas dos fases tengamos unos 1,500 favorecidos.
¿Los internos por prisión preventiva juegan un papel importante aquí?
En estos momentos tenemos 35 mil con prisión preventiva. De ese universo tenemos a nuestro público objetivo para este proyecto de ley, los que podrían salir con vigilancia electrónica, hablamos de un pequeño grupo de 500 con prisión preventiva por delitos leves para esta primera fase que le acabo de comentar.
¿Cómo va el plan de construcción de nuevos penales?
La propuesta son 10 penales para abordar de manera bastante atrevida la situación de hacinamiento que se vive hoy y la que se nos viene.
¿Y los recintos de máxima seguridad?
Vamos a ampliar el penal de Challapalca (Tacna). Necesitamos mayor unidades de albergues para internos de alta lesividad. Solo tenemos tres, Ancón I, que ya está hacinado; el de Challapalca, que está a límite; y el de Cochamarca (Pasco).
¿Cuándo empezará su construcción ?
El proyecto de inversión para la ampliación de Challapalca lo debemos terminar en octubre, luego iremos por el expediente técnico y la construcción misma. Calculo que el expediente debe demorar entre cuatro y seis meses, de manera que entre abril y mayo del próximo año debemos lanzar el concurso. Nuestro objetivo también es comprar un terreno adyacente, y para ello ya estamos en conversaciones con la comunidad. Si logramos adquirir ese terreno, ya no estaremos hablando de una ampliación, sino de construir allí un nuevo penal por lo menos para 1,200 privados de libertad.
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