Los trabajadores de la empresa metalúrgica Doe Run, quienes suman cerca de 2200 en La Oroya, recibieron un inusual pedido del presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, quien los exhortó a marchar a la sede del Congreso de la República en Lima para solicitar que se amplíe la fecha de liquidación de esta compañía, la cual se fijó para el 27 de agosto.
“Ahora estamos frente a fechas límites de procesos legales. Tenemos que sacar antes de fin de agosto una prórroga de la liquidación en marcha porque si no, se acabó todo”, dijo Pedro Pablo Kuczynski luego de participar en una reunión en la que se conversó sobre la situación de la empresa, cuya junta de acreedores acordó en marzo vender los activos, valorizados en $400 millones.
Debido a que a la fecha no hay empresas que hayan manifestado interés en la compra de los activos, la compañía sería liquidada el 27 de agosto de no ampliarse el plazo.
En la citada reunión participaron representantes de los sindicatos de trabajadores y obreros; miembros de Dirige, empresa encargada del proceso de liquidación; Angel Unchupaico, gobernador regional de Junín; Gilbert Violeta, congresista electo por Peruanos por el Kambio, diversos técnicos e inversionistas chinos.
PEDIDO. El presidente electo sostuvo que la movilización al Congreso es necesaria porque de lo contrario él deberá pedir facultades para legislar o publicar alguna ley, lo cual no podría hacer ya que es el fujimorismo el que controlará el Congreso, para ampliar el plazo de liquidación.
“Yo voy a tener que sacar del Congreso de la República poderes delegados o una ley y ustedes saben quién controla el Congreso, entonces yo les voy a pedir que hagamos una marcha al Congreso y les pidamos no dejes morir La Oroya, porque está en tus manos Congreso”, dijo Pedro Pablo Kuczynski a los trabajadores que lo esperaron bajo una intensa llovizna en la ciudad ubicada a 3800 metros sobre el nivel del mar que registra altos índices de contaminación de plomo y otros metales.
“Vamos a hacer un pacto. Ustedes me ayudan con el Congreso y yo los ayudo para que esto salga adelante”, añadió Pedro Pablo Kuczynski ante su eventual audiencia.
Incluso, aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para que Doe Run se reactive algún día. “Ustedes tienen mi palabra de que yo voy a hacer el máximo esfuerzo para sacar esto adelante”, prometió a los pobladores de la llamada “capital metalúrgica”.
Sin embargo, destacó que el reinicio de las operaciones en la metalúrgica será un proceso complejo.
“Yo les digo: no va a ser fácil, no va a ser fácil. Hay muchas complicaciones, hay juicios, hay abogados, hay jueces, hay una Corte en Washington en Estados Unidos, hay otra en Saint Louis, etc., etc., etc., pero para eso ustedes eligieron un nuevo gobierno y para eso vamos a trabajar”, afirmó.
Según el burgomaestre, el presidente electo podría dictar un decreto supremo cuando inicie su mandato para extender la liquidación por seis meses.
Cabe destacar que los trabajadores prefieren que los activos se vendan, pues de esta forma podrían cobrar los beneficios laborales que no han recibido en siete años, pese a que en este tiempo sí han cobrado hasta el 75% de sus sueldos.
¿FACTURA? La congresista de Fuerza Popular Karla Schaefer Cuculiza criticó el pedido que PPK hizo a los trabajadores de Doe Run para que marchen hacia el Congreso para pedir la ampliación del proceso de liquidación de la metalúrgica.
“Nos está tirando la pelota cuando es el Ejecutivo el que hace la normatividad y la reglamentación de los estándares ambientales. Así que por último que él revise y saque mediante un decreto supremo la variación de estos estándares”, manifestó.
Sin embargo, Schaefer fue más allá. “Quizás tenga su amigo, y va atrás de Doe Run, como se mueve en las líneas de las altas esferas con la señora Susana de la Puente, entonces de repente sus amigos le están pasando la factura para que ese centro metalúrgico vuelva a funcionar, lo que sí considero que se tiene que ver de una manera integral y real”, manifestó a Correo.
La legisladora fujimorista recordó que la situación de Doe Run la vieron muchas veces en la Comisión de Ambiente del Congreso, escuchando a ambas posiciones: el de la población en sí que pide la reactivación del proyecto y de la metalúrgica, y el de las personas que están en contra por los niveles de contaminación en la sangre que tiene la población.
“Allí es un caso muy complicado, nosotros tenemos una reglamentación ambiental que son estándares de Suecia, Finlandia, pero en fin, son las exigencias que se le pide a este proyecto, que se adecuen. En la adecuación nunca han podido llegar a cumplirla”, dijo.
Indicó que es un proyecto importante para el país, pero que también tiene un costo humano por el tema ambiental, así como el costo social. “Ahora es un pueblo muerto. La gente pide que se reactive, pero tan difícil es cumplir las normas ambientales o estamos pidiendo unas exigencias que son inalcanzables. De repente tendremos que replantearlo. Tenemos que irnos adecuando de una manera progresiva a lo óptimo”, manifestó.