El fiscal Javier López Romaní, de la Fiscalía Anticorrupción, abrió investigación preliminar -por el plazo de 120 días- contra el rector de la UNP, César Reyes Peña, el regidor Carlos Tafur Guerrero y el empresario Pedro Alama y los que resulten responsables por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio de la Municipalidad Provincial de Piura.
Fue a propósito de las publicaciones periodísticas de diario Correo, que dan cuenta de un vídeo y de transcripciones realizadas por el Ministerio Público de conversaciones entre el concejal Carlos Tafur y el empresario, con presencia de la autoridad universitaria, en las que se deja entrever una injerencia en las obras que ejecuta la comuna provincial.
Las diligencias, requeridas por el fiscal, en forma inicial estarán a cargo del Departamento Desconcentrado contra la Corrupción de la Policía de Piura.
Entre ellas están las declaraciones de los regidores Kelly Morillas Bogado, Juan Julcahuanga Domínguez, Luis de la Puente Malpartida, que fueron los que reclamaron una investigación inmediata a nivel de la municipalidad para esclarecer el tema.
También será citado el alcalde de Piura, Oscar Miranda Martino, así como el regidor Víctor Reyes Peña, ambos en calidad de testigos, aparte de las declaraciones de los tres investigados.
Además, la declaración testimonial de la gerente Territorial y de Transportes de la comuna de Piura, Rosario Chumacero Córdova.
La Fiscalía Anticorrupción también está solicitando que la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Castilla remita copias certificadas de las transcripciones de los audios de las conversaciones que habría sostenido el rector, el regidor y el empresario, que obra en CD en la carpeta fiscal N° 1352-2015.
También está requiriendo a la municipalidad de Piura que remita copia certificada del Plan Anual de Contrataciones inicial y modificado del año 2014.
Además, que se oficie a la Gerencia Territorial y de Transportes de la municipalidad de Piura para que informe las obras ejecutadas por contrata, en las que el Consorcio San Miguel Arcángel, representado por Pedro Alama, resultó ganador y las ejecutó.
Igualmente pide que la municipalidad brinde un informe documentado sobre el expediente de adjudicación de la obra de pistas y veredas de la urbanización Jardines de Corpiura, que fue adjudicada al consorcio Miguel Arcángel, debiendo precisar si han existido controversias arbitrales o judiciales.
Como se sabe, Diario Correo dio cuenta de esta situación y de la reacciones de los regidores de minoría en las publicaciones del 7, 8 y 9 de febrero del 2016.
A continuación los dejamos con uno de los vídeos que está en manos del Ministerio Público.