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A través de una entrevista en un medio televisivo de alcance regional, la doctora Julia Príncipe Trujillo aclaró que el caso no ha sido archivado porque la institución que representa no interpusiera los recursos pertinentes, sino que ellos apelaron el sobreseimiento del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes remitiendo su escrito el 31 de enero a través del correo electrónico. Sin embargo, extrañamente se declaró extemporáneo, sin tomar en cuenta que a lo largo de todo el proceso se les había notificado vía mail.

“Esta resolución que dispone el sobreseimiento también nos fue notificado por el correo electrónico con fecha 28 de enero del 2014, y es esta fecha la que se toma en cuenta para declarar extemporáneo nuestro recurso de apelación. No obstante que lo remitimos al mismo correo electrónico, por esta razón apelamos para que la resolución sea revisada por la instancia superior. Sin embargo no se nos concedió la impugnación”, expresó.

Vulneración. Según declaró, posterior a ello requirieron la nulidad de todo lo actuado, porque consideraron que a lo largo de todo el proceso se ha generado actos vulneratorios a la defensa y al debido proceso.

Respecto al pedido de nulidad de la resolución de sobreseimiento, dijo que hasta la fecha no han sido notificados a los correos consignados en autos, y que todavía cuentan con recursos legales, por lo que formularán apelación e interpondrán todas las acciones necesarias y, de ser el caso, se establezcan responsabilidades funcionales.

“En junio, una abogada de esta dependencia habló con la doctora Verónica Hurtado, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, exponiéndole lo ocurrido en el trámite de este expediente, y ella manifestó que procedería a evaluarlo, y si correspondía procedería a dejar sin efecto, pero hasta la fecha no hemos sido notificados sobre el pedido de nulidad.”, acotó.

ACumulación. La doctora Príncipe Trujillo refirió que al proceso de Lavado de Activos existe el proceso de Enriquecimiento Ilícito que se ha acumulado a Ricardo Flores, sin embargo no hay pronunciamiento a las otras 24 personas involucradas, entre ellas su esposa y familiares, así como el excandidato al sillón edil Jimy Silva.

Compromiso. Al finalizar la entrevista, la procuradora de Lavado de Activos expresó que continuarán trabajando y de ser necesario presentarán todas las documentaciones, los escritos, los pedidos necesarios a fin que se establezcan responsabilidades funcionales de existirlas. Dijo que llama la atención la manera como se habría hecho de bienes el exalcalde de Tumbes, Ricardo Flores. Hay que precisar que el pasado 7 de octubre reiteró por última vez el pedido de nulidad de todos los actos seguidos, así también informó que siete abogados de la Procuraduría de Lavado de Activos, estarían haciéndose cargo del proceso.

UNidos. Vale resaltar que a este pronunciamiento hecho por la Procuraduría especializada en Lavado de Activos, se une el pedido de la Procuraduría Anticorrupción, ya que en su visita a esta ciudad, Christian Salas Beteta, dijo que esperan que el juzgado acepte la nulidad del sobreseimiento de este caso, pues tampoco fueron notificados, a pesar que es el Estado el principal perjudicado.

Salas Beteta también respondió a lo ya expresado por Flores Dioses, en cuanto este sería un tema politizado para evitar que sea elegido como autoridad.

“Todos los involucrados en este tipo de delitos dicen ser perseguidos políticos, pero nosotros somos los defensores del Estado, y respaldamos todo lo que nuestro representante en Tumbes exponga”, agregó.

Es necesario precisar que tanto la Procuraduria Anticorrupción, como la Procuraduría de Lavado de Activos, coinciden en que no hubo un debido proceso, donde incialmente, el representante del Ministerio Público, solicitó ante el Juzgado de Tumbes, con fecha 17 de enero de este año, el sobreseimiento del caso en el que se acusa a Flores Dioses por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Es decir, pidió que se dé por culminado el caso y se excluya al candidato de referido proceso. Es más, señaló que no era necesaria la presencia de la Procuraduría, y fue también el Ministerio Público quien finalmente avaló este sobreimiento.

Tranquilo. Por su parte, el candidato al sillón regional ha propagado a través de conferencias de prensa que no tendría nada que esconder, ya que todo lo obtenido es lícito, además que si los procesos se archivaron fueron por falta de pruebas.

Así también, acuñó que esto sería producto de la gestión pública realizada, es decir, procesos políticos que buscarían frenan su participación en la contienda electoral rumbo al sillón regional. Del mismo modo su defensa legal ha optado por minimizar los pedidos hechos por los abogados especializados, dejando en claro que solo son “artimañas legales” y que ya el juzgado ha determinado el fin del proceso.

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