Gerardo Viñas: 28 exfuncionarios en la mira de la Contraloría

Unos 28 exfuncionarios que acompañaron al expresidente regional de Tumbes, Gerardo Fidel Viñas Dioses durante su gestión deberán responder ante la justicia debido a que la Contraloría General de la República les encontró responsabilidad por presuntos delitos de corrupción.

Estos exservidores públicos corresponden solo a la sede central del gobierno regional y a la Dirección Regional de Agricultura (Drat). Además están incluidos en dos informes de control a los que Correo tuvo acceso.

Según el máximo Órgano de Control, 15 extrabajadores públicos estuvieron inmersos en la presunta desviación del decreto de urgencia 037 que estaba destinado exclusivamente al pago de deudas por bonificación para el pliego de Salud y el sector Educación.

Asimismo, también habrían participado en la aprobación de la resolución N° 279-2011 que daba luz verde al expediente técnico con el fin de ejecutar el proyecto “ampliación de la infraestructura del estadio Mariscal Cáceres de la ciudad de Tumbes”.

Esta obra inició sin que el ingeniero a cargo cuente con el expediente técnico completo y sin la aprobación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), para construir el pozo tubular. Además la entidad regional pagó en exceso al personal que laboró en este proyecto, según lo refieren sendos informes de auditorias.

responsables. La Contraloría a través de su informe N° 1075 encuentra 15 responsables de estos perjuicios económicos y clasifica su grado de participación en muy grave, grave y leve.

Los implicados son el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Marco Antonio Córdova Rivera, con responsabilidad muy grave, el gerente de Planeamiento y Presupuesto Julio César Ocampo Prado con responsabilidad grave, el jefe de Administración Javier Meneses Rugel con presunta infracción muy grave, el exgerente regional de Infraestructura Guilmer Córdova Paker con responsabilidad muy grave, el exasesor legal de la gerencia de Infraestructura, Juan Carlos Quinde Rioja, calificado bajo el nivel de muy grave, el exsubgerente de Obras Manuel Saavedra Guzmán, implicado en nivel de muy grave.

Asimismo, está Juan Carlos Bardali Taculi, quien también se desempeñó como exgerente de Infraestructura y tiene una responsabilidad grave, el subgerente de Obras Juan Carlos Alfaro Olivari, muy grave, Jaime Alberto Hernandez Soto, quien también ostentó el cargo de gerente regional de Infraestructura tendría responsabilidad muy grave, el exsubgerente de Estudios y Proyectos Manuel Pretell Saldaña está incluido con responsabilidad grave.

Le sigue el excoordinador de Obras, Santos Marchán Medina con responsabilidad grave, el exinspector de obra y exmiembro del comité de recepción de Obra José Armando Neciosup Silva con infracción posiblemente muy grave, según lo indica la Contraloría. También se hallan comprendidos Carlos Ponze Zavaleta y Wilson Valladolid Piedra, presidente y miembro del comité de recepción de la obra, ambos con responsabilidad de infracción muy grave.

OTRO CASO. Los informes de la Contraloría también precisan que algunos de los citados excolaboradores regionales estuvieron implicados en las irregularidades que se detectaron en la ejecución de la obra “mejoramiento y rehabilitación de la ruta departamental RD23-117 Fernández, Cañaveral, Rica Playa, Francos”.

Recordemos que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) declaró nula la obra, pero a pesar de esto la exoneraron y celebraron una conciliación irregular para retomar dicho proyecto.

Esta obra generó, según la Contraloría General de la República, un beneficio a la empresa contratista y un perjuicio económico de 3 millones 729 mil 91 soles que se produjeron por la inacción de los consejeros regionales, el presidente regional, el jefe de la oficina de Asesoría Jurídica, el inspector de Obras y otros más.

Al respecto, el actual Consejo Regional le ha recomendado al gobernador regional, Ricardo Flores Dioses, iniciar un proceso administrativo o disciplinario a los exfuncionarios regionales, así como también a los actuales servidores públicos implicados en actos de corrupción para salvaguardar las arcas del Estado.