Procuraduría pide anular sentencia a favor de Flores

A pocas semanas de llevarse a cabo las elecciones regionales para la segunda vuelta electoral, la situación legal del candidato por el movimiento regional “Obras más obras para un Tumbes Bello”, aún está en el ojo de la tormenta.

La Procuraduría Pública Anticorrupción, este último lunes, solicitó la anulación de la resolución N° 5, que acepta el archivamiento del caso que se le sigue a Ricardo Flores Dioses, por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

exclusión. Como se recuerda, el fiscal Víctor Bazán Aragón, solicitó ante el Juzgado de Tumbes, el 17 de enero de este año, el sobreseimiento del caso en el que se acusa a Flores Dioses por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Es decir, pidió que se de por culminado el caso y se excluya al candidato de referido proceso.

Acto seguido, el 4 de marzo del presente año, la jueza Verónica Hurtado, declara firme y consentido el pedido del fiscal.

raro. Lo cuestionable es que el juzgado no notificó del dictamen a favor de Ricardo Flores a la Procuraduría Anticorrupción. Al respecto, el coordinador de la entidad que defiende al Estado, Adriano Aguilar Rimarachín, comentó que al no darles aviso de dicha sentencia, se vulneró el derecho de defensa que les asiste para velar por los intereses del Estado.

“No nos notificaron sobre la resolución que declara fundado el requerimiento de sobreseimiento respecto al delito de enriquecimiento ilícito, con ello se vulnera nuestro derecho de defensa, lo cual es cuestionable”, refirió.

Asimismo, el representante de la Procuraduría, señaló que el fiscal los había incluido como parte agraviada en el caso, por lo que la jueza debió notificar de oficio a la Procuraduría Anticorrupción.

APELARÁN. Al respecto, Adriano Aguilar señaló que una vez emitida la respuesta de anulación de la mencionada resolución a favor de Flores, la Procuraduría apelará la sentencia en el plazo de tres días, con el objeto de impedir que el caso se archive y se continúe con el debido proceso a fin de salvaguardar los intereses del Estado.