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Miles de personas rindieron hoy en Chile un homenaje a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet y exigieron avances en la búsqueda de verdad y justicia, en un nuevo aniversario del golpe de Estado que hace 42 años derrocó al presidente Salvador Allende.
La principal manifestación tuvo lugar en la capital chilena, donde miles de personas se dieron cita para marchar en romería hasta el memorial de las víctimas de la represión, en el cementerio general.
La marcha, convocada por la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, pasó por primera vez frente al Palacio de La Moneda, la sede de gobierno, un edificio que el 11 de septiembre de 1973 fue bombardeado por militares golpistas y en el que Salvador Allende se quitó la vida.
Cuando la cabeza de la manifestación pasó por delante de la sede del Ejecutivo se realizó un minuto de silencio y unos altavoces reprodujeron el célebre último discurso de Allende, que pronunció pocas horas antes de morir mientras La Moneda era asediada por los militares.
Los manifestantes portaban carteles con fotos de detenidos desaparecidos durante el régimen de Pinochet (1973-1990) y banderas de diferentes partidos y organizaciones de izquierda.
También participaron representantes de Amnistía Internacional (AI) y miembros del movimiento estudiantil, de las juventudes de los partidos oficialistas e incluso, de la Garra Blanca y Los de Abajo, los hinchas radicales de los clubes de fútbol Colo Colo y Universidad de Chile, respectivamente.
La manifestación transcurrió con normalidad hasta que al final un grupo reducido de encapuchados protagonizó incidentes y enfrentamientos con la policía.
Los encapuchados atacaron con cócteles molotov dos sucursales bancarias y levantaron barricadas en las afueras del cementerio general, además se registraron disturbios dentro del recinto, donde Carabineros intervino con chorros de agua y gases lacrimógenos.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), reconoció que la reapertura del 'caso Quemados' o la muerte del general Manuel Contreras, el líder de la policía secreta de Pinochet, han puesto en la agenda el tema de los derechos humanos y el fin a la impunidad, aunque aún falta mucho por hacer.
La dirigente dijo a Efe que el principal obstáculo es la falta de voluntad política para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia, un problema que atañe al gobierno de la presidenta, Michelle Bachelet, y a todos los poderes del Estado.
"A veinticinco años del fin de la dictadura, lo que deberíamos tener en nuestro país son demandas y acciones para la construcción de memoria, contra el olvido, pero como la impunidad es una realidad por la falta de voluntad política, las demandas no se responden", sostuvo Pizarro.
La presidenta de la AFDD admitió que las proclamas y demandas de las agrupaciones pro derechos humanos se repiten año tras año porque la ausencia de compromiso político permite avanzar muy lentamente, y citó algunas medidas concretas que, en su opinión, el gobierno debe implementar de manera inmediata.
Una de ellas es el cierre de la prisión de Punta Peuco, donde cumplen condena decenas de represores de la dictadura, y que los presos sean trasladados a cárceles comunes.
También exigió que los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en violaciones de los derechos humanos pierdan sus grados militares, y que los civiles que tuvieron un rol activo en el régimen de Pinochet no puedan ocupar cargos de representación pública.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos. EFE