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La Corte Penal Internacional (CPI) condenó este martes a nueve años de cárcel al yihadista malí Ahmad al Faqi al Mahdi, culpable de crimen de guerra por la destrucción de los mausoleos protegidos de Tombuctú en 2012.
"Al Mahdi, usted es culpable de un crimen muy grave", por lo cual "la cámara por unanimidad lo condena a nueve años de detención", dijo el juez Raul Pangalangan.
"La corte por unanimidad considera que Al Madhi es culpable de crimen de guerra por haber atacado sitios protegidos", había dicho previamente el magistrado.
Al declarar culpable a al Mahdi la corte destacó "su participación directa en numerosos incidentes y su papel de portavoz para justificar los ataques ante los medios de comunicación".
El acusado, vestido con un traje gris, una camisa blanca y una corbata a rayas, escuchó atentamente la lectura del veredicto.
Al final de la lectura puso su mano en el corazón.
El tuareg Ahmad al Faqi al Mahdi había sido acusado de crimen de guerra por haber "dirigido intencionalmente los ataques" contra nueve mausoleos de Tombuctú (norte de Malí) y contra la puerta de la mezquita Sidi Yahia entre el 30 de junio y el 11 de julio de 2012.
Al inicio del juicio, Ahmad al Faqi al Mahdi se había declarado culpable y había pedido perdón al pueblo de Malí, diciendo que estaba "lleno de remordimiento y arrepentimiento".
El acusado dijo que había actuado "bajo la influencia" de los grupos yihadistas y había exhortado a los musulmanes de todo el mundo a resistir a "ese tipo de acciones".
Jefe de la Hisbah, la brigada islámica antivicios, Ahmad al Faqi al Mahdi ordenó y participó en los ataques contra los mausoleos de Tombuctú, indicó el fiscal durante el juicio.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos acusaron a la Hisbah de haber cometido crímenes de lesa humanidad, que incluyen torturas, violaciones y esclavitud sexual de las mujeres de Tombuctú.
En el momento en que comenzó el juicio esas organizaciones lamentaron que el acusado no fuera juzgado también por esos crímenes.
Los abogados de Al Faqi Al Mahdi habían asegurado que su cliente era "un hombre honesto", que en un momento "se equivocó".
"Era un hombre que quería construir algo mejor", había afirmado el abogado Jean-Louis Gilissen durante el alegato final.
La fiscalía había requerido entre nueve y once años de cárcel, una pena que, dijo, reconoce la gravedad del crimen y la actitud de colaboración del acusado.
La defensa se había comprometido a no apelar la sentencia si la pena decidida por los jueces no excedía los once años.
Los jueces retuvieron en la sentencia varias circunstancia atenuantes, entre ellas la de haber reconocido su culpabilidad, su cooperación, su empatía con las víctimas, los remordimientos expresados y su "reticencia inicial a cometer los crímenes".
El juicio, el primero por destrucción de bienes culturales, suma varias primicias. Primer acusado en reconocer su culpabilidad ante la CPI, Al Mahdi es también el primer yihadista en ser juzgado en La Haya y el primero del conflicto de Malí.
El fallo de la CPI era muy esperado por la población de Malí que pedía justicia y por las ONG que aspiraban a un veredicto "disuasivo".
Los expertos de las Naciones Unidas por su lado confiaron en que la sentencia "ponga fin a la impunidad" en la destrucción de bienes culturales en los conflictos.
Pero, si bien la lista de sitios en peligro sigue alargándose, es muy difícil que otros responsables puedan ser juzgados.
Ni Irak ni Siria firmaron el Estatuto de Roma, el tratado fundador de la Corte Penal Internacional (CPI), y sin decisión de la ONU no es posible ninguna investigación.
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