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El Parlamento regional de Cataluña, en ausencia de los diputados de la oposición, aprobó hoy la ley que prevé convertir esa región del nordeste de España en una república independiente.
Poco después de que el Tribunal Constitucional español suspendiera de forma cautelar la convocatoria del referéndum para el 1 de octubre, adoptado la víspera por la cámara regional, los grupos independentistas, mayoritarios, aprobaron de madrugada de este viernes la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República de forma exprés, ante las protestas de la oposición constitucionalista, que se ausentó del hemiciclo.
Pese a su aprobación, la propia ley regional establece que sólo entrará en vigor si se celebra el referéndum convocado para el 1 de octubre y gana el 'sí' a la independencia.
En ese caso, se crearía un marco legal alternativo al español, en el que Cataluña se constituiría en "una república de derecho, democrática y social", cuya "soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña" y cuyo "jefe de Estado" sería el presidente de la Generalitat, según reza el texto.
La ley, que redobla el desafío al Estado español, se presenta como la "norma suprema del ordenamiento jurídico catalán" mientras no sea aprobada una "constitución catalana", y establece que las normas locales, autonómicas y estatales vigentes en Cataluña en el momento de entrada en vigor de la ley se continuarán aplicando en lo que no contravengan esta ley y el derecho catalán aprobado después.
También se prevé un proceso constituyente que constaría de tres fases sucesivas: una primera de proceso participativo, una segunda de elecciones constituyentes y elaboración de una propuesta de Constitución por parte de una Asamblea Constituyente, y una tercera de ratificación de la eventual constitución mediante un referéndum.
El Tribunal Constitucional español suspendió el jueves la ley del Parlamento de Cataluña que regula el referéndum sobre la independencia y también el decreto que lo convoca para el 1 de octubre próximo.
El TC aceptó tramitar los cuatro recursos del Gobierno español contra todas las normas sobre el referéndum aprobadas este miércoles por la mayoría secesionista de la cámara legislativa y las autoridades políticas catalanas, lo que implica su suspensión automática y cautelar hasta que haya una sentencia del tribunal.
El TC, a instancias del Ejecutivo, ha decidido notificar esta decisión a todos los miembros del Govern y a más de 60 altos cargos de la Generalitat; a la Mesa del Parlament; a los 947 ayuntamientos catalanes; a los responsables de los Mossos y a los medios públicos catalanes, entre otros.
Las resoluciones suspendidas son la ley del referéndum, el propio decreto de convocatoria del referéndum, la resolución de la Cámara catalana por la que se ha designado a cinco miembros de la Sindicatura Electoral, y las normas complementarias que acompañan el decreto de convocatoria.
La suspensión cautelar de esas resoluciones es automática una vez que el Tribunal Constitucional admitió a trámite los escritos del Gobierno.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo el jueves en una declaración oficial que "lo que no es legal no es democrático", al informar a la prensa de la presentación de los recursos.
Añadió que defenderá "el imperio de la Ley" y hará todo lo necesario, "sin renunciar a nada", para evitar el proceso secesionista.
"En España se puede ser independentista. Lo que no se puede hacer, y no se hará, al menos mientras yo sea presidente del Gobierno, es pasar por encima de nuestras normas democráticas para conseguirlo", remató.
La Fiscalía General del Estado, por su parte, anunció una querella contra el Gobierno regional de Cataluña por el decreto de convocatoria, que se suma a la que se presentará contra los miembros de la Mesa (órgano de dirección) del Parlamento catalán que permitieron la tramitación de la ley del referéndum.