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La Diputación (entidad pública) de la provincia española de Valencia investiga si uno de sus trabajadores del archivo lleva diez años sin cumplir con su jornada de trabajo, en un puesto por el que cobra cerca de 50.000 euros al año (53.972 dólares).
La situación fue denunciada por un medio de comunicación, el diario El Mundo, que desveló que el empleado público acudía a las dependencias de esta administración a primera hora de la mañana y por la tarde, para dejar constancia del principio y final de su jornada, pero entre medias se ausentaba y no desarrollaba trabajo alguno.
Según el sindicato Comisiones Obreras, la ausencia del funcionario de su puesto de trabajo era "vox populi" y era especialmente "llamativo", porque el investigado no tenía ni tan siquiera un espacio físico donde trabajar, ni equipamiento informático con que llevar a cabo su trabajo.
El empleado, Carles Recio, fue designado en 2006 como jefe de la Unidad de Actuación Bibliográfica del Archivo, aunque no figura el directorio de empleados, donde aparece el organigrama de la entidad, que incluye a la directora del centro, el personal de administración, de sala y depósito y los cuatro becarios que lo conforman.
Tampoco aparece su nombre en ninguna edición ni publicación del centro en los últimos años, según el mismo diario.
El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha anunciado la apertura de un expediente informativo sobre la situación del empleado y tras su resultado, se actuará de manera acorde, mientras que el partido liberal de la región (Ciudadanos) pedirá explicaciones en el próximo pleno de la entidad.
Recio, en declaraciones al diario que ha destapado el asunto, confirmó que se ausentaba durante horas de su puesto porque desarrollaba proyectos en otros lugares y que cumplía lo que le ordenaban.
Las diputaciones españolas, una entidad que existe en regiones de gran tamaño con el objetivo de lograr el desarrollo equilibrado de los municipios, fue uno de los puntos más controvertidos de las últimas elecciones, ya que varios partidos pidieron su eliminación, porque muchas de sus competencias se solapan con otros organismos.
Los representantes de estas administraciones son de elección indirecta, aunque deben ser alcaldes o concejales de municipios, y cuentan entre sus trabajadores con diferentes cargos de confianza de los propios partidos.
España cuenta con 38 diputaciones provinciales, cuya eliminación supondría un ahorro de 1.200 millones de euros (1.292 millones de dólares) a medio plazo, según un informe coordinado por la Fundación "¿Hay Derecho?" el año pasado.
El cuestionamiento de la labor de las diputaciones tiene que ver también con el hecho de que algunos de sus dirigentes han sido imputados por la Justicia española en los últimos años por casos de corrupción, como ha ocurrido en las de Valencia y la vecina Castellón. EFE
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