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Para las próximas elecciones se han presentado 14,532 listas con la intención de conseguir algunas de las diversas instancias de los gobiernos regionales y municipales, las que a su vez cuentan con un estimado de 113,469 candidatos.

Estos números son preocupantes por varias razones: la primera de ellas es que muestran la crisis en la que se encuentran los partidos políticos, la poca credibilidad y adhesión con la que cuentan, y cómo están siendo reemplazados por movimientos locales y regionales, muchos de los cuales se basan en liderazgos personales más que en una ideología partidaria. No queda sino suponer que sus planes de gobierno tienen bastante más en común con alguna visión personal que con las necesidades reales de la población, y posiblemente terminarán en actos de corrupción a los que ya estamos acostumbrados.

La segunda razón de preocupación es que el número de candidatos y listas es tan grande que será imposible para las autoridades y la prensa hacer un filtro adecuado, y peor aún para los electores seleccionar un candidato después de una reflexiva selección de los mismos, pues es imposible acceder a esa inmensidad de currículos y propuestas. Por todo lo antes mencionado, es muy probable que los ciudadanos nos equivoquemos, una vez más, en estas elecciones.

La tercera preocupación es que esta hemorragia de candidatos genera en los ciudadanos más desconfianza sobre el sistema democrático, debilitando aún más la credibilidad en este sistema de gobierno, y abriendo la puerta a alternativas de gobierno que pudieran comprometer el futuro del país.

Lamentablemente, es muy posible que esta sea una muestra de lo que serán las próximas elecciones presidenciales del 2021: un sinnúmero de candidatos, lo que hace que el resultado sea poco predecible y nos asegura un Congreso con representantes poco idóneos o, lo que es peor, un Congreso con un grado de fragmentación tal que haría que el próximo gobierno sea igual de débil que el actual, es decir, un panorama poco alentador.

Parece no haber soluciones a la vista para este problema, en la medida que difícilmente el Congreso estaría dispuesto a hacer los cambios que la legislación electoral necesita y que además los ciudadanos claudiquen ante la responsabilidad de participar en la vida política del país.