La Constitución de 1993 introdujo cambios significativos en tres aspectos fundamentales: lo social, lo político y lo económico. En ese momento, nos encontrábamos inmersos en un ataque terrorista a la nación y en una situación económica sin precedentes en nuestra historia. En julio de 1990, experimentábamos una hiperinflación monstruosa del 43% mensual. Solo en ese año, la inflación alcanzó 7,650%. Además, nuestras reservas internacionales eran negativas por US$105.1 millones y el déficit era del 9% del PBI (Rossini, 2015), equivalente, en la actualidad, a unos 30,000 millones de dólares al año para cubrir los gasto que generaba el Estado.
El panorama era desolador, desde el exterior nos señalaban como un país al borde del precipicio o del colapso. Los indicadores de extrema pobreza, desnutrición, mortalidad infantil, analfabetismo, empleabilidad, educación, salud e infraestructura eran alarmantes.
En palabras de Carlos Torres y Torres-Lara, la Constitución de 1979 era la mejor del mundo en temas laborales, pero al mismo tiempo, teníamos el 95% de la población sin empleo.
Desde el punto de vista económico, la Constitución de 1993 representó una serie de cambios estructurales. Fue el acto político más contundente de los 90. Se desenmascaró al socialismo real, aquel que sumió a muchos pueblos en la más absoluta miseria y atraso. Este es uno de los motivos por el cual se instaló, desde la izquierda peruana, una cultura de odio hacia Fujimori y el fujimorismo, que han propagado por más de dos décadas.
El país se reconstruyó casi desde cero. El proceso histórico de cambio comenzó hace 30 años con las reformas estructurales, económicas, sociales y políticas, logrando así la estabilidad y sentando las bases del crecimiento y desarrollo.
