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Concuerdo con el periodista César Hildebrandt, cuando dice que la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, no es algo aislado. Luego vendrá la acusación contra los miembros del Tribunal Constitucional, hasta tener amedrentados a todos los que osen investigar a Keiko y su entorno, así tendrá el control de todas las instituciones independientes, en resumen, un segundo golpe de Estado.

Con la destitución del Fiscal de la Nación, el mensaje es claro: a Keiko y a Joaquín Ramírez no los investiga nadie, menos los acusan, y si lo hacen ya saben lo que les pasará.

El mensaje está dirigido a los dos fiscales que investigan a Keiko; a José Domingo Pérez, quien la investiga por sus cuentas personales y financiamiento de sus campañas, y a un fiscal aún no designado que investigará a Joaquín Ramírez; esto es lo que preocupa en la tienda “naranja”.

Ahora lo dicho por Marcelo Odebrecht en Curitiba, en el sentido de que PPK habría recibido dinero por asesorías después de que dejó de ser ministro de Toledo, le da al fujimorismo la posibilidad de chantajear a Palacio cuantas veces quiera e, incluso, amenazar con una posible vacancia presidencial.

Pero para acusar al Fiscal y destituirlo se necesita 87 votos y solo tienen 72, acá es importante que el APRA y Alianza Para el Progreso -que suman 15 votos- no vayan como furgón de cola de quienes quieren destruir la institucionalidad del país por segunda vez.