Durante años se estuvo hablando de “remanentes montesinistas” en el ex SIN, luego transformado en Dini. Mucho se hablaba de la existencia de videos nunca vistos con distintos personajes que “pasaban piola” pero que sabían en sus conciencias que sí habían estado en la famosa salita de sillones de cuero. Hubo escándalos como el del llamado “agente Sun” y el reglaje a periodistas que determinó la caída de su jefe en el 2005.
Fue en función de ese criterio que la ley de creación de la Dini contemplaba como elemento sustantivo el control de sus acciones por los otros poderes del Estado. Así, se estableció que toda operación de inteligencia que implicaba seguir o perseguir a un sospechoso debía ser expresamente autorizada por dos jueces supremos. Y al mismo tiempo se establecía que una comisión ad hoc del Congreso fiscalizaría permanentemente a dicho organismo, con la obligación de este último de rendir cuentas de su accionar.
Un principio básico es que no puede perseguirse ni vigilarse a quien no es sospechoso de nada. No existe la investigación preventiva sin un mero indicio, por más pequeño que fuera. El acopio de información para husmear en ella, hurgando en papeles o documentos personales, aunque sean públicos, indica la existencia de políticas orientadas a “armar expedientes” y encontrar cualquier error, por más mínimo que fuera, para explotarlo política o empresarialmente.
La manera sistemática, casi industrial, que han mostrado los recientes DiniLeaks, puede ser consecuencia de esos remanentes, de órdenes de arriba, o de un comercio subalterno y confidencial de venta de datos para extorsionadores, enemigos políticos o secuestradores. De cualquier manera, es el resultante de la falta de control sobre personas como Rosendo Chávez, cuyo terminal de computadora se dedicaba exclusivamente a reglar a todo el mundo y que pasó los filtros de varios gobiernos, logrando permanecer en su puesto probablemente ofertando los datos que acopiaba cotidianamente.
Sea cual fuere el caso, es obvio que así como los traidores peruanos pasan información a Chile porque no tienen ningún control, este Chávez hizo lo que quiso por lo mismo.
El uso político ha sido evidente, pues las fechas de los reglajes coinciden con escándalos alrededor de la víctima. Y es por eso que hay que reclamar responsabilidades políticas. Y ellas pasan por la censura del gabinete y una recomposición total de la filosofía persecutoria y antidemocrática con la que se viene conduciendo el Gobierno.