GF Default - Imported ANS Video id=8fad72e5-655c-428e-943a-9ce73bbf09d3
GF Default - Imported ANS Video id=8fad72e5-655c-428e-943a-9ce73bbf09d3

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido, por cuatro votos a favor y tres en contra, aceptar el hábeas corpus presentado para dejar sin efecto la prisión preventiva que desde octubre de 2018 viene purgando Keiko Fujimori. Por donde se mire, este es un duro golpe para la manera en que algunos jueces y fiscales vienen llevando a cabo la necesaria lucha contra la corrupción que todos los peruanos reclaman.

Con la resolución conocida ayer, no se está declarando la inocencia de la excandidata presidencial, sino que se está estableciendo que se han violado sus derechos constitucionales al haberla mandado a la cárcel sin sentencia y sin las consideraciones que manda la ley, para privar a una persona de su libertad mientras dura la investigación que viene afrontando en el Ministerio Público.

Esto debe ser un gran llamado de atención no solo para los fiscales del Equipo Especial, sino también a las tres instancias del Poder Judicial que ratificaron la prisión preventiva contra la excandidata presidencial. ¿Todo se debió a que el Congreso fujimorista ya fue disuelto?
Situación similar atravesaron el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, a quienes el TC también liberó de afrontar sus complicados procesos bajo prisión preventiva, luego de nueve meses de un encierro que fue declarado inconstitucional. Estábamos ante un exceso.

El país reclama justicia y hasta severidad ante la corrupción que ha golpeado a los peruanos, pero la lucha contra esta lacra tiene que hacerse de manera eficiente y con apego a ley; y no en base a consignas políticas, presiones mediáticas, filtraciones “oportunas” y odios personales, que han llevado a excesos en la aplicación de la prisión preventiva, la cual se ha convertido en una condena adelantada. Esto es inadmisible en un Estado de Derecho.